La ciudad de La Oroya, 185 kilómetros al este de Lima, acata hoy masivamente un paro indefinido contra la empresa minera Doe Run, que tiene un complejo metalúrgico en esa urbe peruana y que el Gobierno ha amenazado con cerrar el 24 de julio, informaron a Efe fuentes policiales en la zona.
Los trabajadores de Doe Run, que exigen la reanudación de actividades de la fundición, bloquearon desde esta madrugada la carretera central, vía vital que comunica Lima con el centro del país, y todo el transporte pesado e interprovincial quedó paralizado.
Las fuentes explicaron que los huelguistas bloquearon la carretera en un primer momento, y aunque más tarde la Policía la limpió, los transportistas y los vehículos privados no transitan por la zona ante la presencia de piquetes de huelguistas.
Hasta el momento no se han producido manifestaciones ni incidentes violentos, ya que los trabajadores se movilizan en los cerros, desde los que previsiblemente descenderán a la ciudad a lo largo del día.
En La Oroya no se abrieron las escuelas ni los comercios en apoyo a la protesta, pues prácticamente todos los pobladores de esa ciudad andina trabajan para Doe Run, pero las operaciones de la empresa están paralizadas desde hace un año por problemas financieros para concluir sus programas de adecuación medioambiental.
El ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, insistió hoy, en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), en que la compañía será cerrada definitivamente el próximo 24 de julio si sigue incumpliendo las condiciones ambientales y financieras impuestas por el Gobierno para reanudar sus actividades.
Sánchez remarcó que el plazo dado a Doe Run es "improrrogable", pues están a punto de cumplirse los 10 meses otorgados a la firma para su adecuación, el próximo 24 de julio.
El ministro descartó que exista un grave problema de desempleo, pues aseguró que los aproximadamente 3.000 trabajadores de Doe Run podrían ser fácilmente reubicados en otros proyectos mineros que existen en el centro del país.
De otro lado, y también en declaraciones a RPP, el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, se desvinculó de la protesta iniciada hoy y negó que mantengan una deuda de 760 millones de soles (265 millones de dólares) con la oficina recaudadora de impuestos, como afirma el Gobierno.
Sánchez comentó ayer, en declaraciones a la prensa, que Doe Run pretende que se les fraccione esa deuda en 700 años, lo cual calificó de "absolutamente inmanejable".
Por su parte, el ministro de Transportes de Perú, Enrique Cornejo, informó que se han habilitado tres rutas alternas hacia el centro del país, para que Lima no quede bloqueada por la protesta y pueda mantenerse el tráfico de personas y bienes.
Asimismo, el Ministerio del Interior ha enviado a 2.000 policías para mantener el orden, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió a los manifestantes que eviten los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Doe Run Perú, de capitales estadounidenses, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, y produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.
A partir de la crisis financiera internacional, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera los créditos.
La empresa pide ahora que el Estado modifique el contrato de privatización de 1997 para "blindar" a los accionistas y empresas afiliadas ante cualquier posible denuncia en Estados Unidos sobre responsabilidad ambiental.
