La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es dirigida por el jurista español Carlos Castresana, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CJS) crear "juzgados especiales" para conocer los casos en que estén involucrados miembros del crimen organizado.
"El señor Castresana fijó un plazo de quince días para que estos juzgados empiecen a funcionar", aseguró hoy a Efe un portavoz de la CJS.
El jefe de la CICIG, la cual funciona con el apoyo de las Naciones Unidas desde septiembre de 2007, se reunió ayer con el presidente en funciones de la CJS, Heliú Higueros, para "manifestar su preocupación por la tardanza en la creación de estos juzgados".
Según publicaron hoy medios locales, Castresana ha advertido a la CSJ que si en un plazo de quince días no ponen a funcionar los "juzgados especiales", acudiría al Parlamento para pedir la aprobación de urgencia de una ley que obligaría a tomar esa decisión.
Días atrás, Castresana dijo a la prensa que los crímenes de alto impacto, en los que están involucrados miembros del narcotráfico y otras bandas el crimen organizado deben ser conocidos por "juzgados especiales" que sean dirigidos por jueces que, además de honestidad y voluntad para cumplir con su trabajo, necesitan "medidas mínimas de seguridad".
Fuentes de la CICIG dijeron hoy a Efe que "por el momento" y para "evitar malos entendidos", Castresana se abstendrá de hablar con la prensa.
Los "juzgados especiales", según las fuentes de la CSJ, tendrían a su cargo los procesos que son investigados por la CICIG, sobre las mafias que se han incrustado en las instituciones del Estado y en las que estarían involucrados funcionarios y empleados de los tribunales, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y del sector privado.
La semana pasada, un grupo de jueces del ramo penal pidieron a los magistrados de la CSJ incrementar las medidas de seguridad a su favor, para poder resolver "con tranquilidad" y "sin presiones" los múltiples casos que deben conocer.
El miércoles, representantes de más de una decena de organizaciones sociales guatemaltecas, expresaron su condena a la puesta en libertad, bajo fianza, del ex fiscal Álvaro Matus, acusado por la CICIG de conspiración e incumplimiento de deberes, entre otros.
Matus ha sido uno de los ex altos funcionarios que la CICIG pone ante el banquillo de los acusados por avalar la impunidad en Guatemala, sin embargo, los tribunales sólo aceptaron procesarlo por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y lo dejaron en libertad tras el pago de una fianza de 1.900 dólares que Castresana calificó como una "vergüenza".
La CICIG, que tiene como mandato la investigación y desmantelamiento de las mafias y grupos clandestinos que operan desde adentro del Estado para beneficiarse de impunidad, también ha recibido el apoyo de medios de prensa locales, y de la comunidad internacional.
