La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) anunció hoy que promoverá una reforma a la Constitución que rige en este país desde 1985 para fortalecer las herramientas jurídicas en el combate a la impunidad y la corrupción.
"Hay que reformar la Constitución porque el país necesita cambios de fondo", dijo el jefe de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, en una entrevista que publicó hoy el diario local Siglo XXI.
Entre los cambios a la Constitución que promoverá la Cicig, precisó Castresana, destacan la ampliación a 72 horas del plazo en el que los detenidos deben ser presentados ante un juez, "como es en cualquier país con un Estado de derecho democrático y avanzado".
La Constitución vigente ordena a las fuerzas de seguridad poner a disposición de un juez a las personas que sean detenidas en las seis horas siguientes a su captura.
Según Castresana, también se debe eliminar la limitación que afecta a los allanamientos, que ahora sólo se pueden realizar entre las 06.00 y las 18.00 horas, para que se lleven a cabo en cualquier momento.
Igualmente propondrán cambios en los plazos en que los magistrados del Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad y las cortes de Apelaciones deberán ocupar sus cargos, así como su mecanismo de selección para evitar la politización de esos procesos.
Los cambios a la Carta Magna, que requieren la aprobación popular e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, "se pueden hacer ahora o el año que viene", señaló Castresana.
La iniciativa, agregó el comisionado, ha sido presentada ya ante los representantes de la comunidad internacional, y "muy pronto", aseguró, la formalizará ante las instituciones nacionales.
"He encontrado, por lo menos, atención. Lo que vamos a ver es si hay voluntad política" para apoyar la propuesta, concluyó Castresana.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas que opera en Guatemala desde septiembre de 2007 para colaborar con el Gobierno de este país en el combate a las mafias y grupos del crimen organizado que se han infiltrado en el Estado para procurar impunidad.
Como parte de su mandato, la Cicig puede sugerir al Parlamento guatemalteco la modificación o aprobación de leyes relacionadas con el sistema de justicia y seguridad del país.
