La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó hoy al Estado de Guatemala otorgar medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades indígenas de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, y suspender la explotación de la mina de oro Marlín.
"El Estado guatemalteco tiene un plazo de 20 días para cumplir con la resolución de la Comisión, así como con ordenar la suspensión de las actividades de la mina Marlín, por el daño que ha causado a los pobladores", dijo a Efe el director del Centro Pluricultural para la Democracia, Rigoberto García.
García, quien fue notificado hoy sobre la decisión de la CIDH, precisó que junto a los líderes de esas comunidades solicitaron en junio del año pasado medidas de protección a favor de los pobladores "por los daños a la salud, patrimonio y medio ambiente" de que supuestamente son víctimas por la actividad de la mina Marlín.
Esta mina, propiedad de la compañía Montana Exploradora, subsidiaria de la multinacional canadiense Gold Corp Inc., opera en los alrededores de esas comunidades desde 2008, y en promedio según cifras oficiales cada año produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.
"El Estado tiene que acatar la resolución de la Comisión en todos sus puntos. De no hacerlo, se abrirá el camino para que nuestra denuncia sea aceptada por la Corte Interamericana" de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, aseguró García.
Según el activista, el Estado guatemalteco otorgó la licencia de exploración y explotación de la mina Marlín a Montana Exploradora, "violando los derechos humanos de los pobladores" y sin cumplir con los requisitos ambientales exigidos por la legislación internacional.
Además de la suspensión de las actividades de explotación en la mina Marlín, la CIDH también ordenó al Estado guatemalteco "implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental", y asegurar el acceso a los pobladores de "agua apta para el consumo humano".
Tanto la Comisión Presidencial de Derechos Humanos como Montana Exploradora, aseguraron desconocer la resolución de la CIDH.
El estudio realizado por la Universidad de Michigan, el cual fue divulgado el martes pasado por la organización internacional "Médicos para los Derechos Humanos", encontró la existencia de metales tóxicos en las muestras de sangre y orina tomadas a pobladores de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
El estudio, realizado con muestras tomadas a un grupo de pobladores en agosto del año pasado, sugiere que los residuos de mercurio, cobre, arsénico, zinc y plomo encontrados pudieron ser adquiridos por el consumo de agua contaminada por la mina Marlín.
La Universidad de Michigan, en su estudio, recomendó al gobierno guatemalteco efectuar estudios científicos permanentes para vigilar la presencia de residuos tóxicos en el agua consumida por los pobladores que habitan las zonas cercanas a la mina.
