El caso del ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, condenado a 30 años de prisión por atentado a la Constitución, marca un hito en la defensa de las instituciones en América Latina, opinaron hoy juristas y defensores de derechos humanos.
La Justicia uruguaya consideró a Bordaberry culpable de ese delito y de nueve por desaparición forzada y dos por homicidio especialmente agravados, en un fallo emitido este miércoles.
En el caso de atentado a la Constitución la jueza penal Mariana Mota condenó a Bordaberry, en calidad de autor, por el golpe de Estado que encabezó en 1973 al disolver el Parlamento. En los otros delitos la pena fue en calidad de coautor de las violaciones de los derechos humanos que se registraron durante su gestión.
Es una condena "ejemplarizante" dijo a Efe el abogado José Luis González, que representa a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, hija de desaparecidos.
González representa a Macarena Gelman en el juicio por la desaparición de su madre, la argentina María Claudia García, una de las víctimas del Plan Cóndor, como se conoce a las acciones coordinadas por las dictaduras del Cono Sur americano en los años 70 y 80 para acabar con sus opositores.
El atentado a la Constitución por parte de Bordaberry "era de público conocimiento debido al decreto que firmó en 1973 disolviendo el Parlamento, que era una prueba acabada de ello", agregó.
A ello se sumaron las "sistemáticas violaciones" de los derechos humanos durante el período en que ocupó la presidencia de facto.
La decisión de la jueza es un "mensaje hacia adentro del país, pero también hacia el exterior", destacó González.
"Uruguay se alinea en la misma medida que otros tribunales de América Latina que han condenado por diferentes motivos a ex dictadores", añadió.
La decisión judicial es una "sentencia especial para quien cometió el delito y una prevención en general, incluso fuera de fronteras, para tener en cuenta cuál puede ser la pena en caso de repetir actitudes similares", dijo.
Para Luis Puig, secretario de Derechos Humanos de la principal central obrera de Uruguay, Plenario Intersindicial-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la decisión judicial "sin duda representa un notorio avance en la justicia y lucha contra la impunidad".
"Es un acto de justicia que nos impulsa para seguir adelante en la lucha por la defensa de los derechos humanos en Uruguay y la región", destacó Puig a Efe
La abogada Hebe Martínez Burlé, que presentó la denuncia contra el ex presidente, aclaró que la condena "no aporta años de reclusión al procesamiento de Bordaberry, pero tiene un enorme carácter simbólico para Uruguay".
Martínez Burlé recordó en declaraciones a medios locales que la denuncia presentada en 2002 fue apoyada por 1.500 ciudadanos de todos los partidos políticos.
"No cambia en nada el tiempo de reclusión y no es nuestro interés. El tema es que para nosotros es emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar", enfatizó.
La abogada destacó que un proceso judicial de este tipo, "no es lo usual en el mundo, donde se procesan dictadores por corrupción u otros delitos, pero no específicamente por dar un golpe de Estado".
Esta decisión judicial "posiciona nuevamente a Uruguay como ejemplo de tradición democrática", afirmó.
Fuentes de la Suprema Corte de Justicia señalaron a Efe que "no corresponde" hacer comentarios sobre la sentencia "debido a la independencia técnica de los jueces".
Juan María Bordaberry, de 81 años, fue procesado en 2006 y cumple prisión domiciliaria por razones de salud desde 2007 a causa de otra condena de 30 años de prisión como responsable del homicidio de 14 uruguayos detenidos-desaparecidos.
Bordaberry, que siempre ha negado su responsabilidad en esos crímenes, gobernó Uruguay como presidente constitucional los años 1972 y 1973, y como dictador desde ese último año hasta 1976.
Fuentes cercanas al hijo del ex dictador, Pedro Bordaberry, que fue candidato presidencial en las últimas elecciones y es senador por el Partido Colorado, dijeron a Efe que prefiere no hacer comentarios sobre el fallo judicial.
