La condena a un coronel retirado por la desaparición en 1985 de diez civiles en el Palacio de Justicia de Bogotá enfrentó hoy al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que cree que esa sentencia genera "inseguridad jurídica", con los familiares de las víctimas, para quienes es "ejemplarizante".
"Creo que lo que se está construyendo (con esa condena) es un panorama de inseguridad jurídica, que atenta contra el manejo del orden público en Colombia", sostuvo Uribe en una entrevista con la emisora La Voz, de Bogotá.
El mandatario agregó que habría que pensar incluso en "un proyecto de ley" para evitar el "desestímulo en las Fuerzas Armadas", al sostener que está bien que tengan que ser "eficaces y transparentes", pero a su juicio de ahí a lo que él considera "un maltrato" hay "un trecho muy amplio".
Sin embargo, para las familias de las víctimas, la condena a 30 años de cárcel contra el coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas por esas desapariciones que le interpuso este miércoles una jueza de Bogotá es "ejemplarizante".
Así lo dijo hoy a varias emisoras locales René Guarín, hermano de una de las desaparecidas, quien recordó no obstante que la sentencia "continúa sin responder" los interrogantes sobre el paradero de los cuerpos de las víctimas.
Esas diez víctimas, más otro desaparecido cuyos restos fueron hallados posteriormente, estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó.
La acción guerrillera derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Con la sentencia contra Plazas, la jueza dio credibilidad a las conclusiones de la investigación de la Fiscalía, que obtuvo pruebas y testimonios de la salida con vida del Palacio de los desaparecidos.
La magistrada también ordenó la entrega de su fallo a las instancias competentes para que investiguen al presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), y a quienes ejercían las jerarquías de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Uribe expresó que le "duele" la orden de investigar a Betancur, de quien ensalzó su "buena fe" y "patriotismo".
Además, el mandatario canceló su agenda prevista para este jueves para celebrar una reunión de urgencia con la cúpula militar, que ha manifestado su malestar por la condena al coronel en retiro.
En la época que sucedieron aquellos hechos, Plazas dirigía una escuela de caballería en Bogotá y es uno de los cinco militares en retiro o aún activos vinculados con el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pero el primero en ser condenado.
Plazas está detenido en el Hospital Militar Central, donde se recupera de problemas psíquicos causados por esta causa judicial, aunque la defensa de los familiares de los desaparecidos afirma que dichos trastornos son una justificación para evadir su ingreso en prisión.
Mientras, la Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia anunció hoy que apelará la sentencia contra Plazas por "ausencia de prueba plena" sobre su relación con los desaparecidos.
