La Corte Suprema de Argentina reclamó hoy a tribunales inferiores y jueces que agilicen las causas por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
El máximo tribunal del país resolvió también ampliar una secretaría de superintendencia que funciona bajo su órbita para vigilar los expedientes y pedir informes a los jueces.
La Corte pidió, además, la creación de nuevos tribunales y acompañó la acordada con un informe que resaltó la lentitud de los procesos judiciales, aunque no culpó a los jueces, sino a las leyes que, a su entender, establecen un procedimiento antiguo que debería ser reformado.
La decisión del Supremo fue adoptada tras la polémica desatada el 18 de diciembre último, cuando el máximo tribunal penal del país ordenó la liberación de 17 represores de la dictadura, entre ellos Alfredo Astiz, y 24 horas después anuló esa medida ante la reacción indignada de organismos humanitarios y del Gobierno.
La excarcelación del ex marino Astiz y otros 16 represores había sido dispuesta luego de que vencieran los plazos legales para mantener en prisión preventiva a una persona sin sentencia firme.
El controvertido fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal será revisado por la Corte Suprema.
El Ejecutivo anunció que impulsará el juicio político contra los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, tras considerar que el fallo era una "vergüenza", "difícil de entender" y "producto de cierta perversidad" del sistema judicial.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la "guerra sucia", aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000 y se calcula que unos 5.000 detenidos pasaron por la cárcel clandestina montada en la ESMA.
