La Corte Suprema rechazó hoy la recusación presentada por la ex ministra boliviana asilada en Perú con la que pretendía frenar el juicio de responsabilidades sobre la muerte de más de 60 personas en la represión del "octubre negro" de 2003.
El abogado Bernardo Wayar, presidente de un tribunal formado por "conjueces" en la Corte Suprema, dijo a la prensa en Sucre (sur) que la recusación fue rechazada porque la ex ministra Mirtha Quevedo tenía la obligación de presentarse a la audiencia para defender su solicitud.
Desde esta semana, Quevedo goza en el Perú de asilo político, un beneficio que logró con el argumento de que en Bolivia no existen garantías para el juicio que debe iniciarse el próximo lunes contra ella y otros de los ministros del segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por el delito de genocidio.
La Corte Suprema tiene previsto iniciar el proceso contra Sánchez de Lozada y varios miembros de su gabinete de 2003, aunque no podrá juzgar a los imputados que no están presentes en Bolivia, entre ellos el mismo ex presidente que vive desde ese año en Estados Unidos.
Wayar explicó que el tribunal formado para juzgar este caso reasume sus competencias y puede instalar el lunes la audiencia del proceso, si bien antes debe realizarse otra para fijar medidas cautelares a los ex ministros que aceptaron someterse al proceso en el país.
De los once ex ministros acusados de la gestión de Sánchez de Lozada solo Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino se han presentado esta semana en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, a las audiencias fijadas por la Corte Suprema.
Además de Quevedo, el Gobierno de Lima dio asilo a los ex ministros de Salud Javier Torres Goitia y de Desarrollo Económico Jorge Torres Obleas, también procesados en este caso.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde 2003, al igual que sus ex ministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, quien tiene asilo político en ese país.
