La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua fracasó hoy en su intento de celebrar una sesión plenaria (Corte Plena) para organizar ese poder del Estado, descabezado desde hace una semana, por diferencias entre sandinistas y liberales, y pospusieron la cita para el próximo jueves.
La magistrada sandinista Alba Luz Ramos, presidenta temporal de la CSJ desde la semana pasada tras el vencimiento del mandato de la dirección del órgano, dijo a periodistas que pospuso para el jueves la reunión de Corte Plena, a petición de sus colegas liberales, que, sin embargo, también impugnaron la convocatoria de hoy.
Las Salas Constitucional, Civil, Penal o de lo Contencioso Administrativo, y los órganos de dirección de la Corte Suprema están administrativamente paralizados desde la semana pasada, debido al vencimiento del periodo anual para el que fueron nombrados todos los magistrados que los encabezan.
El hasta la semana pasada presidente de la Corte, el liberal Manuel Martínez, se negó a renovar las instancias del órgano judicial para "no legitimar" un decreto del mandatario, Daniel Ortega, con la participación en ese acto de tres magistrados a los que se les ha vencido su periodo como miembros del Supremo.
"Ellos (magistrados liberales) pidieron que les diéramos tiempo para el jueves para plantear posibles salidas a esta crisis", señaló Ramos.
No obstante, Martínez, tras salir de la reunión, leyó un pronunciamiento en el que sus colegas liberales "impugnan" la convocatoria a Corte Plena hecha por Ramos para hoy "por no tener competencia".
También impugnaron esa cita, que consideran ilegal, bajo el argumento de que Ramos convocó a los sandinistas Rafael Solis y Armengol Cuadra, cuyas funciones acabaron formalmente en abril, pero que se negaron a abandonarlos amparados en el decreto de Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos en enero pasado.
Martínez confirmó, sin embargo, que aceptaron reunirse en Corte Plena el próximo jueves con los "12 magistrados constitucionalmente en funciones", es decir, sin los sandinistas Solís y Cuadra, y el opositor Damisis Sirias.
El presidente Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a esos tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación en el Congreso a autoridades que concluían mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo constitucional que impide la reelección presidencial.
La Corte está integrada por 16 magistrados: ocho sandinistas y ocho liberales, aunque estos últimos sólo cuentan con seis por la muerte de uno de sus jueces en mayo de 2009, Guillermo Selva, que tampoco ha sido reemplazado y porque Sirias no se amparó en el decreto de Ortega.
