La Corte Suprema uruguaya declara inconstitucional la ley que evitó enjuiciar a represores
Yalena OrtÃz
La Corte Suprema de Uruguay declaró hoy inconstitucional la Ley de Caducidad que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), a escasos seis días del plebiscito convocado para anular dicha norma.
Esta decisión de la máxima instancia judicial del país solo se aplica al caso de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, pero el pueblo uruguayo decidirá sobre la anulación plena de la ley el próximo día 25 de octubre en un plebiscito convocado en coincidencia con las elecciones presidenciales.
Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la controvertida norma, que impidió, desde antes de su inicio, el enjuiciamiento de los militares y policías que particioaron en la represión de los opositores a la dictadura.
La decisión de los jueces, que se añade a la postura contraria a la ley defendida por los poderes Legislativo y Ejecutivo de Uruguay, marca a efectos prácticos el fin de la Ley de Caducidad, al sentar jurisprudencia y facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma.
Así, los jueces supremos anunciaron que a partir de ahora podrán dar su opinión en los casos relativos a la Ley de Caducidad sin necesidad de esperar el largo camino que tuvo que andar el caso Sabalsagaray.
Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema apoyaron la decisión y habilitaron la investigación de la muerte de la joven en un cuartel militar tras haber sido torturada.
El caso Sabalsagaray no fue archivado en su momento debido precisamente a que hubo civiles implicados en la detención de la mujer y la Ley de Caducidad no se aplica mas que a uniformados.
Los magistrados justificaron su decisión al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo regulado por la Constitución.
El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.
El Parlamento actuó a raíz del planteamiento de inconstitucionalidad elevado por la fiscal Mirtha Guianze en base a la muerte de Sabalsagaray, cuyo cuerpo fue entregado por los militares a la familia en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, tras decir que la mujer se había suicidado.
Sin embargo, los allegados incumplieron las órdenes y un médico, el hoy político y alcalde de la localidad de Canelones, Marcos Carámbula, pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.
El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación.
Esa decisión del Ejecutivo habilitó la serie de mecanismos jurídicos necesarios para lograr la inconstitucionalidad de la norma, en los que también fue necesario el pronunciamiento del Parlamento.
El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está.
El sindicalista y portavoz de la Campaña por la Nulidad de la Ley de Caducidad, Luis Puig, se mostró satisfecho por la decisión judicial pero recordó que ésta sólo se aplica al caso Sabalsagaray.
En este sentido, Puig llamó a la ciudadanía a "informarse" y votar "de forma responsable" en el referéndum del próximo día 25".
"Anular la ley de impunidad permitirá investigar los casos. La convocatoria es al pueblo uruguayo a introducir una papeleta rosada de anulación de la Ley, la única forma de hacerlo", dijo Puig.
Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48 por ciento de los electores, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento se declara indeciso.
Para su anulación, son necesarios la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
La Corte pone un hito en el camino hacia el fin de la ley de caducidad
La decisión de la Corte Suprema de Uruguay de declarar hoy inconstitucional la aplicación de la llamada Ley de Caducidad al caso de una maestra asesinada por motivos políticos durante la dictadura (1973-1985) sienta un precedente histórico en el país. Este fallo de la máxima autoridad judicial del país abre las puertas para que se juzgue a los responsables de la muerte de Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en un cuartel militar. Previamente se habían pronunciado en contra de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el próximo domingo, 25 de octubre, lo harán los uruguayos que participen en un plebiscito para anular dicha norma, convocado en coincidencia con las elecciones generales. La también conocida como ley de punto final fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, el año siguiente de la recuperación de la democracia en el país, y puso fuera del alcance de la justicia a los policías y militares (no a los civiles) autores de secuestros, torturas, asesinatos y otros abusos cometidos por la dictadura. En 1989, los uruguayos refrendaron con un 57 por ciento de apoyo dicha ley en un plebiscito, el mismo camino elegido diez años después por los contrarios a esta ley para anularla. Los impulsores de la nueva consulta alegan que en 1989 la población votó coaccionada por el importante papel que aún desempeñaban los militares en la política nacional. Para poder convocar el plebiscito del 25 de octubre eran necesarias unas 250.000 firmas, pero se reunieron 300.000, y para anular la ley el próximo domingo serán necesarios la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si se logra esa cantidad, la ley de caducidad, también llamada de impunidad por sus detractores, dejará de regir en Uruguay y se podrá iniciar juicio contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos. De hecho, ya hay algunos que se enfrentan a la justicia, como algunos ex presidentes, pues la ley de caducidad, como la mayoría, muestra algunos resquicios y está sujeta a interpretaciones. Hasta la llegada al poder del Frente Amplio, en 2005, la ley de 1986 fue respetada a rajatabla por los distintos Gobiernos de los tradicionales partidos Colorado y blanco que se sucedieron. Pero con la llegada de la coalición de izquierdas al Gobierno, la cosa cambio y algunos de los reclamos que sus partidos, así como organizaciones cívicas y sindicales del país, hicieron desde 1986 contra la impunidad fueron atendidos. El actual presidente del país, el socialista Tabaré Vázquez, dejó fuera de la Ley de Caducidad algunos de los más sonados casos de violaciones de derechos humanos, pero sin llegar a promover la anulación de la normativa. Esa interpretación de la ley, al excluir de su amparo a los casos ocurridos fuera de Uruguay, permitió procesar y encarcelar a ocho ex policías y ex militares, y a los ex dictadores Gregorio "Goyo" Álvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976), quien cumple arresto en su domicilio por razones de salud. En 2007, la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad puso en marcha la campaña para la anulación, con el apoyo de destacados líderes del Frente Amplio y algunos políticos de la oposición, aunque en el caso del Partido Nacional y del Partido Colorado, los tradicionales del país, la opinión más extendida es de rechazo a la consulta o de libertad de voto para los militantes. El ex dirigente guerrillero tupamaro José "Pepe" Mujica, candidato del Frente Amplio a la Presidencia de Uruguay en las elecciones del 25 de octubre, ha sido uno de esos paladines de la campaña para anular la ley. El pasado febrero, la Asamblea General que reunió a las dos cámaras del Parlamento uruguayo con mayoría del Frente Amplio, entregó a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma. Los detractores de la anulación, entre ellos ex militares, ex policías y familiares de víctimas de la guerrilla de los tupamaros, han acusado al Gobierno de izquierdas de fomentar la "persecución" y el odio con su interpretación de la Ley de Caducidad y la posibilidad de remover el pasado con nuevos juicios. Según los últimos sondeos, la anulación tiene el apoyo del 48 por ciento de los uruguayos, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento se declara indeciso. Amnistía Internacional (AI) exigió hoy la supresión de la Ley de Caducidad en Uruguay, que fue "diseñada como una carta de libertad para todos aquellos que torturaron, mataron e hicieron desaparecer a mucha gente durante todo ese tiempo". "Ahora llega el momento de que Uruguay demuestre que no va a permitir que esos crímenes queden impunes", indicó hoy Guadalupe Marengo, responsable de la sección americana de la organización defensora de los derechos humanos, en referencia al 25 de octubre. Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos en la dictadura uruguaya, dijo hoy que la anulación de la Ley de Caducidad en el plebiscito que se celebra el 25 de octubre en Uruguay sería "un alivio" para ella. En una entrevista concedida al portal digital Observa, Gelman consideró que los uruguayos asumen "una responsabilidad muy grande" en el citado referendo, que podría llevar a la anulación de la ley que dejó sin juicio a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). "Tengo la esperanza de que otros se puedan poner en mi lugar", aseveró la nieta del poeta Juan Gelman, quien reconoció que "a esta altura" el dolor le resulta "insoportable".
