La Corte Suprema de Uruguay votó hoy sobre la posible inconstitucionalidad de la ley que evitó los juicios contra los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), si bien no hará público el sentido de su fallo hasta que las partes hayan sido notificadas.
Esta decisión de la máxima instancia judicial uruguaya se produce apenas seis días antes del plebiscito en el que la ciudadanía decidirá, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma, conocida la "Ley de Caducidad".
Todo el mundo da por sentado que los cinco jueces de la Corte han votado a favor de la inconstitucionalidad de esta ley para permitir el juicio por la muerte en 1974 de la joven profesora Nibia Sabalsagaray en un cuartel militar.
Según el portavoz de la Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, la sentencia respecto a la posible inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ya existe, pero no se darán más detalles sobre ella hasta que todas las partes involucradas (fiscalía, familiares, el Parlamento y el Poder Ejecutivo) hayan sido convenientemente informadas, lo que se producirá en las próximas horas.
El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.
El Legislativo actuó a raíz del planteamiento de inconstitucionalidad elevado por la fiscal Mirtha Guianze en base a la muerte de Sabalsagaray a manos de las fuerzas de represión de la dictadura.
Esta petición fue posible después de que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyera el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitiera su investigación.
Esa decisión del Ejecutivo habilitó la serie de mecanismos jurídicos necesarios para lograr la inconstitucionalidad de la norma, si bien, de ser declarada, sólo se podrá aplicar para investigar el caso de la joven militante comunista asesinada.
El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está.
Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48 por ciento de los uruguayos, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento restatne se declara indeciso.
Para su anulación por referendo, son necesarios la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
