La ex primera dama de Guatemala Sandra Torres batallará en las cortes del país para lograr ser inscrita como candidata presidencial en los comicios del próximo septiembre, algo que hasta ahora le han negado en tres ocasiones las autoridades electorales, indicaron hoy fuentes de su partido.
El amparo concedido el jueves por una Sala de Apelaciones que dejó en suspenso el fallo del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inscribir su candidatura es considerado por Torres como "la primera batalla ganada".
"Se me está restituyendo un derecho que se me había negado, y yo confío y sigo confiando en el sistema de justicia y el Estado de Derecho", dijo el jueves la ex primera dama, jubilosa, al comparecer ante los periodistas.
La "segunda batalla" legal se iniciará en las próximas horas con la presentación de un "recurso de impugnación" ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo hoy el diputado Manuel Barquín, secretario general de la Gran Alianza Nacional (GANA), el partido que junto con la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) apoyan la candidatura de Torres.
Los partidarios de la ex primera dama pretenden que los magistrados de la Suprema Corte dejen sin efecto los tres fallos emitidos por sus colegas del TSE, que rechazaron la candidatura presidencial de Torres por considerarla ilegal.
"El amparo otorgado" el jueves por la Sala de Apelaciones "a favor de nuestra candidata blinda su derecho político de elegir y ser electa, y da argumentos a la Corte Suprema de Justicia para que enmiende la plana al Tribunal Electoral y ordene su inscripción", explicó este viernes a Efe uno de los directivos de la UNE.
El Registro de Ciudadanos y el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral han rechazado la inscripción a Torres por considerar que cometió "fraude de ley" al divorciarse, en abril pasado, del presidente Álvaro Colom, para evadir la prohibición constitucional que le impedía correr como candidata presidencial.
La Constitución prohíbe a algunos familiares cercanos del presidente en funciones, incluida la esposa, aspirar a la primera magistratura del país.
Según Barquín, los fallos emitidos por el Tribunal Electoral son "ilegales", porque Torres demostró que su divorcio fue aprobado antes de que se convocarán las elecciones.
Cuando solicitó su inscripción como aspirante presidencial el estado civil de Torres "era soltera", y a las autoridades electorales no les corresponde calificar si existía o no fraude de ley, argumentó Barquín.
El diputado César Fajardo, otro de los abogados de Torres, también explicó que el Registro de Ciudadanos "se excedió en sus funciones" porque "tipificó un delito que no existe dentro de la legislación guatemalteca".
El artículo 4 de la Ley del Poder Judicial establece que "los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico (...) se considerarán ejecutados en fraude de ley", aunque esos hechos no están incluidos en la legislación penal ni tipificados como delitos.
Si la Suprema Corte resolviera en forma desfavorable a sus intereses, Torres puede aún acudir a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, para que en definitiva determine su futuro electoral.
Para lograr su objetivo, Torres necesitará el apoyo de cuatro de los siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocerán su petición.
El camino legal que afronta "es empedrado" y "muy difícil", admitió Torres el jueves, y recorrerlo le ha servido para fortalecerse más, ella y los partidos que la apoyan, añadió.
En las elecciones del próximo 11 de septiembre, los guatemaltecos elegirán para el período 2012-2016 a su próximo presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano, así como 333 corporaciones municipales.
