La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, renunció hoy de manera irrevocable con una vehemente defensa de los resultados de su tarea frente a los "más grandes casos de corrupción" en el país, con varios de los cuales están implicados cercanos colaboradores del expresidente Álvaro Uribe.
La jurista sostuvo que se aparta cuando "todos los protagonistas (de estos hechos de corrupción) han sido acusados por la Fiscalía y tienen medidas de aseguramiento (de detención preventiva)".
"Hoy (...) dejo constancia histórica de que la Fiscalía ha hecho las imputaciones por los más graves casos de corrupción y los imputados están presos o huyendo", subrayó al despedirse de sus subalternos en la sede central del organismo, en el oeste de Bogotá.
Morales anunció y formalizó su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la decisión del Consejo de Estado de anular su elección, lo que la hizo la primera mujer en ejercer como titular de la Fiscalía General en Colombia.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país, informó el pasado martes que declaraba nula la elección de esta jurista por considerar que la CSJ se había equivocado al interpretar el quórum necesario para la adopción de sus decisiones.
El Supremo la había designado en diciembre de 2010 tras una interinidad de más de un año en el ente judicial, cuyo titular es escogido de una terna que presenta el jefe del Estado.
En su caso, ella había sido propuesta por el presidente Juan Manuel Santos, cuyo antecesor, Uribe (2002-2010), no pudo lograr que los magistrados de la CSJ, con los que mantuvo tensas relaciones, eligieran fiscal de una terna que les recompuso varias veces ante el rechazo de alguno de sus candidatos.
Santos, que había sugerido la posibilidad de integrarla a una nueva terna, lamentó desde Cartagena (norte) su decisión por considerar que ella había ejercido el cargo "con gran dignidad, con gran eficiencia, con gran transparencia, con un gran carácter".
Ante ello, el gobernante anunció que pondrá en funciones como fiscal interino al vicefiscal Wilson Alejandro Martínez, para que no se afecte la lucha compartida contra el crimen y la corrupción.
La fiscal dimisionaria recordó haberse comprometido públicamente, al asumir ante Santos, "a dar resultados frente a los más grandes casos de corrupción".
La jurista, excongresista de origen liberal, recibió el cargo con escandalosos hechos de corrupción que implicaban a excolaboradores de Uribe, varios de los cuales están presos, uno de ellos asilado y otro, al parecer, bajo protección en el exterior.
Uno de los casos de mayor relevancia y resonancia tiene relación con una trama de escuchas y seguimientos ilegales, por parte de la central de inteligencia, a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Por estos hechos fueron procesados, entre otros, María del Pilar Hurtado, antigua directora de la central asilada en Panamá desde noviembre de 2010, y Bernardo Moreno, exsecretario general de Uribe preso desde mediados del año pasado y pendiente de juicio.
Otros casos de relieve tienen como implicados el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, investigado por la entrega irregular de subsidios agrícolas, y el excomisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, procesado por una supuesta falsa desmovilización de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Arias está preso desde julio pasado en una guarnición militar y su juicio deberá comenzar el lunes próximo, en tanto que Restrepo salió del país a comienzos de enero pasado con destino Washington y, según fuentes de su entorno, recibió "protección" en el exterior.
"En mi gestión no hubo intocables", aseguró la dimisionaria antes de denunciar que "en los procesos más graves ha habido dilaciones y aplazamientos inexplicables que nada han tenido que ver con la Fiscalía" y que se conjugaron con una "escalada de ataques perversos e inhumanos" de periodistas y medios que buscaban que renunciara.
Es una alusión a las críticas que ha recibido, sobre todo por su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, polémico exrebelde y exlegislador con quien es fiel de una iglesia cristiana.
Morales dijo que no cedió a las presiones y que es solo la decisión del Consejo de Estado, que significa el "debilitamiento institucional" de su tarea, lo que le impide que pueda actuar en los juicios que vienen y cuya gravedad no admite la presencia de una fiscal interina.
"El poder de mis contrincantes y la perversidad de sus aliados en algunos medios de comunicación exigen un fiscal en el ejercicio pleno de sus atribuciones", reconoció Morales antes de anunciar que renunciaba ante el tribunal que la había elegido.
