La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, dijo hoy que entendió como un "emplazamiento" la exigencia del presidente del país, Hugo Chávez, a las cabezas de los poderes públicos de que actúen contra los medios de comunicación que "envenenan" al país o, de lo contrario, "renuncien" a sus cargos.
"Es el jefe del Estado, dirige la acción del Gobierno (...), puede perfectamente emplazar y exigir al resto de los poderes y ciudadanos (...) que se cumplan las leyes y está en su derecho de hacerlo", declaró Ortega en una rueda de prensa.
Chávez reiteró ayer que hay medios locales que presuntamente "incitan" a su asesinato, y exigió a los titulares de la Fiscalía, del Supremo y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector "que cumplan con su obligación ante el pueblo, que para eso están ahí".
De lo contrario, "¡que renuncien, que se vayan de sus cargos! (...) yo voy a esperar a que se cumpla lo que tiene que cumplirse", pero "si no ocurriera (...) yo voy a tener que actuar; yo mismo", añadió Chávez durante una edición especial de su programa de radio y televisión "Aló, Presidente", en el que no mencionó a ningún medio en particular.
Por su parte, la fiscal general adelantó hoy que la próxima semana anunciará "nuevas imputaciones" por un caso de presunta "retención irregular de vehículos" que involucra al empresario Guillermo Zuloaga, presidente de la cadena privada Globovisión, acusada por el Gobierno de "terrorismo mediático".
Globovisión enfrenta tres expedientes administrativos abiertos en los últimos seis meses por la Conatel, que podrían acarrearle sanciones que van desde 72 horas de cierre hasta el retiro del permiso de transmisión que otorga el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.
Zuloaga, al que Chávez calificó de "mafioso" y "traficante de vehículos", fue citado ayer por la Fiscalía para el próximo 4 de junio a las 09.00 hora local (13.30 GMT) para imputarle por el presunto "almacenamiento irregular de 24 vehículos".
Por su parte, el presidente de Globovisión y dueño de dos concesionarios de venta de autos anunció ayer mismo que demandará "por difamación y acusaciones sin ningún fundamento" a los funcionarios que se han referido al caso públicamente y lo han acusado de "acaparamiento y usura".
La detección de una veintena de autos nuevos en una residencia de Zuloaga en Caracas fue incluida por el ministro de Comercio, Eduardo Samán, en una presunta "burbuja financiera" en la compraventa de vehículos que se registra en el país y que sería la responsable de la escasez de unidades en el mercado local.
