La Fiscalía boliviana citará a gobernador opositor por denuncia al Vicepresidente


La Fiscalía boliviana anunció hoy que citará a declarar al gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, en el marco de la investigación por la demanda que presentó en su contra la Vicepresidencia del país por el delito de desacato.


La fiscal Rosario Banegas, a cargo del caso, informó a los medios que la Secretaría General de la Vicepresidencia presentó hoy la "aclaración ratificatoria" de la querella, por lo que el siguiente paso en la investigación será citar a Costas para que declare.


El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, presentó la semana pasada la demanda por desacato contra el gobernador, debido a que éste le acusó sin pruebas de recibir dinero del narcotráfico.


Para hoy también estaba prevista una audiencia para que el gobernador brinde un informe oral ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados sobre sus acusaciones contra García Linera.


Sin embargo, el evento fue suspendido sin fecha debido a que los parlamentarios estarán en receso hasta el próximo 3 de agosto, informó una fuente de la Cámara Baja.


El Gobierno de Evo Morales ha advertido que Costas puede ser suspendido del cargo cuando la Fiscalía lo acuse, según lo establecido en la nueva Ley de Autonomías promulgada este lunes.

 

La norma permite suspender a gobernadores y alcaldes contra los que haya acusaciones judiciales para que puedan defenderse sin prerrogativas, lo que la oposición considera un pretexto para persecuciones políticas.


Si el Gobernador cruceño es hallado culpable, podría ser enviado a prisión hasta por tres años.


Costas, que es uno de los principales líderes opositores al Gobierno de Morales, ha señalado varias veces que no le preocupa la demanda del Vicepresidente y que está dispuesto a soportar más de un juicio de parte del Ejecutivo.

 

El gobernador es investigado además por causar un supuesto daño económico al Estado al celebrar en 2008 un referendo sobre un estatuto de autonomía regional, que el Ejecutivo consideró ilegal.


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101 años de Panamá América

 
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