La Procuraduría Federal de Brasil (Fiscalía) exigió hoy al Gobierno que pida disculpas públicas a toda la población por los crímenes cometidos durante la dictadura militar que rigió el país entre 1964 y 1985, informó el ente.
La demanda considera que el Ejecutivo brasileño y la gobernación del estado de Sao Paulo deben una petición formal de disculpas a la población para que "reparen los daños inmateriales causados por las conductas de sus agentes durante la represión a los disidentes políticos".
En la petición de disculpas deben figurar explícitamente los crímenes cometidos por tres policías del Destacamento de Operaciones de Informaciones-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), el principal órgano de represión y tortura a opositores políticos en la época, que fueron el foco de la demanda.
Estos tres policías, entre los que se encuentran dos jubilados y uno en activo, fueron considerados por el ente como autores materiales de torturas, abusos sexuales, desapariciones forzadas de detenidos y asesinatos durante la dictadura, según el texto de la demanda presentado hoy ante la Justicia Federal.
La Fiscalía exigió que los tres pierdan sus cargos y sus rangos, además de las pensiones e indemnizaciones que puedan haber recibido en función de ellos.
También se pide que los tres supuestos torturadores indemnicen a sus víctimas, entre los que se encuentran el actual secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Paulo Vannuchi, y su predecesor en el cargo, Nilmario Miranda, según la misma fuente.
Los fiscales argumentaron que los dos policías retirados, Aparecido Laertes Calandra y David dos Santos Araujo, y Dirceu Gravina, quien sigue en sus funciones, fueron "reconocidos por varias víctimas o familiares" en imágenes de reportajes en la prensa como autores de estos crímenes.
Finalmente, la Fiscalía exigió a la gobernación de Sao Paulo que revele los nombres de todos los funcionarios que trabajaron en algún momento en el DOI-CODI y que especifique cuánto tiempo y sus funciones.
