La Fiscalía de Nicaragua cerró por falta de pruebas una denuncia sobre supuestos delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra indígenas miskitos en los años 80, durante el primer Gobierno sandinista, el cual incluía al presidente del país, Daniel Ortega, informó hoy una fuente oficial.
La fiscal adjunta Ana Julia Guido dijo al Canal 12 de la televisión local que resolvieron desestimar, "por falta de pruebas", el expediente penal sobre esa supuesta masacre y también cerrar el caso porque los denunciantes no apelaron a esa decisión tomada el 16 de junio pasado.
La denuncia fue interpuesta por habitantes de comunidades de la costa Caribe, acompañados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, integrada por miembros de la sociedad civil críticos con el Ejecutivo.
Ortega, que gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990, y dirigió la junta de Gobierno de reconstrucción de 1979 a 1984, fue acusado en junio de 2006 por la CPDH ante el Ministerio Público por delitos supuestamente cometidos en los años 80 contra comunidades indígenas asentadas en el Caribe.
Esa denuncia incluye al ex jefe del Ejército Popular Sandinista Humberto Ortega, general retirado y hermano del mandatario; al actual embajador de Nicaragua en Perú y ex ministro del Interior, Tomás Borge; al ex jefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna; al procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua Omar Cabezas, y a otros mandos de las fuerzas armadas.
La denuncia se refiere a la "Navidad Roja", como se conoce la operación realizada por el Ejército sandinista para sacar a unos 8.500 indígenas de sus comunidades a las orillas del río Coco (frontera con Honduras) y alojarlos en cinco campamentos para evitar que sirvieran de apoyo logístico a la "Contra".
Los hechos, según esa denuncia, ocurrieron entre 1981 y 1982, durante operaciones militares que habrían dejado 64 personas muertas, trece torturadas, quince desaparecidas y miles de desplazados y apresados en campamentos bajo vigilancia militar del Ejército sandinista.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, calificó de "triste" la decisión de la Fiscalía y negó que no hayan presentado pruebas de esa supuesta masacre.
"Hay evidencia abundante de que se cometieron crímenes y que al día de hoy no se sabe de los desaparecidos", sostuvo.
No obstante, Carmona dijo a periodistas que la decisión de la Fiscalía permitirá remitir un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, con sede en Washington, donde también elevaron la denuncia.
El diputado opositor ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ex dirigente de la "Contra", Luis Fley, acusó a la Fiscalía de encubrir a los autores de esa supuesta masacre.
"Es una lástima ver cómo la justicia en Nicaragua está politizada y protegiendo a los señalados de violadores de derechos humanos, entre ellos al presidente Ortega. Este Gobierno utiliza a las instituciones para limpiar sus antecedentes", dijo Fley a la prensa.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que pertenecen los denunciados, aún no ha reaccionado sobre la resolución de la Fiscalía.
