La fiscalía de Perú denunció hoy a ocho personas, entre ellas a marinos en actividad y en retiro, por interceptación telefónica en el denominado caso de los "petroaudios", que provocó una crisis ministerial a fines del año pasado.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ofreció una rueda de prensa para anunciar la denuncia abierta también por el delito de asociación ilícita para delinquir contra los marinos en retiro Elías Ponce, Carlos Tomasio y Jesús Tirado.
La denuncia también cobija a los suboficiales de la marina Martín Fernández y Jesús Ojeda, y a la ciudadana Giselle Giannotti.
Todos fueron detenidos el pasado 8 de enero en Lima y formaban parte de la empresa privada de seguridad Business Track, que aparentemente fue la responsable de grabar las conversaciones de una serie de funcionarios del Estado y allegados a la empresa Discover Petroleum, ganadora de una licitación de lotes petroleros en octubre pasado.
Las grabaciones, conocidas como los "petroaudios", revelaron negociaciones bajo la mesa para que Discover gane la licitación con el presunto aval de los organismos estatales a cargo de la adjudicación.
A raíz de ese escándalo, el gabinete del entonces primer ministro Jorge del Castillo renunció por la presunta responsabilidad de varios de sus ministros en las irregularidades.
Sin embargo, la prensa local reveló que Business Track tenía correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas de diversos ministros, empresarios, políticos y congresistas, que ofrecía en venta.
La fiscal de la Nación agregó que dos trabajadores de una empresa que presta servicios a Telefónica del Perú, Alberto Oswaldo Salas Cortez y Pablo Martel Espinoza, también fueron denunciados por los mismos delitos.
Echaíz precisó que han sido incautados documentos donde se fijaban las tarifas que cobraban por las interceptaciones telefónicas y facturas de la compra de los equipos utilizados para el espionaje de hace nueve años.
La policía sólo ha avanzado en verificar el ocho por ciento de toda la información incautada en discos de computadora y unidades portátiles (USB), motivo por el cual la fiscalía ha solicitado más tiempo para concluir con las investigaciones.
