El Ministerio Público Federal de Brasil anunció hoy que va a pedir la anulación de la licencia ambiental concedida a la hidroeléctrica de Belo Monte por el "grave impacto" que puede tener este proyecto gigante en la selva amazónica.
Los fiscales también pretenden cancelar la licitación de la obra, prevista para el próximo día 20, puesto que encontraron ocho fallos en la concesión de la licencia, incluyendo incompatibilidades con las leyes ambientales y la Constitución.
"Si es construida como está (en el proyecto), la central puede secar cien kilómetros de río (Xingú) y comprometer el agua y el alimento de las poblaciones", argumentó la fiscalía en una nota oficial.
El ente analizó los documentos utilizados por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) para aprobar la licencia y concluyó que "faltan datos científicos que garanticen la seguridad ambiental".
Según el Ministerio Público, "las prisas" llevaron a las autoridades a "atropellar" la ley, los principios democráticos y "la precaución esencial para evitar desastres ambientales".
El proyecto contempla el desvío de un tramo del río Xingú de 100 kilómetros, lo que afectará directamente a 12.000 familias, incluyendo a dos pueblos indígenas, cuya supervivencia dependerá del agua excedente de la represa que les ceda la empresa concesionaria, según la fiscalía.
La propuesta inicial de la estatal Eletrobrás sería irrigar la región con entre 4.000 y 8.000 metros cúbicos por segundo, dependiendo el año, una cantidad de agua "irrisoria" y que "podría comprometer la vida", según el Ministerio Público.
Según los cálculos del ente, sería necesario un volumen de 22.000 metros cúbicos por segundo para "conciliar" la generación de energía y la manutención de la vida en la región.
Sin embargo, en los últimos 35 años, el río Xingú tan solo alcanzó ese volumen de agua en diez grandes crecidas, según estudios hidrográficos citados por el organismo.
El Ministerio Público asegura que el Ibama "ignoró" estudios técnicos de 39 científicos de varias instituciones, incluyendo un documento de la Universidad de Brasilia que avisó que, después de la construcción, el agua podría ser "tóxica" para peces y humanos.
El mayor impedimento legal es la falta de una ley específica para la construcción de hidroeléctricas en tierras indígenas, lo que es una exigencia recogida en la Constitución.
Belo Monte afectará a once tierras indígenas y directa o indirectamente a 66 municipios del estado amazónico de Pará, cuyos territorios serán total o parcialmente inundados cuando la central sea inaugurada en 2015, según el cronograma del Gobierno.
Con una potencia de 11.233 megavatios, será la tercera mayor represa del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y exigirá inversiones por cerca de 10.600 millones de dólares.
