La Fiscalía General de Bolivia rechazó hoy la denuncia contra el presidente Evo Morales por las tres muertes ocurridas en Sucre (sur) a finales de 2007 en una protesta contra la Asamblea Constituyente, al considerar que el mandatario no tuvo responsabilidad en estos sucesos.
En su resolución, el fiscal general, Mario Uribe, destaca que "no existen elementos para determinar que la responsabilidad (por esos hechos) alcance al presidente".
El 23 de noviembre de 2007, Sucre fue escenario de una violenta protesta contra los trabajos de la Asamblea Constituyente en la ciudad, que se saldó con tres fallecidos y más de 300 heridos.
Debido a estas protestas, la Constituyente se trasladó a un recinto militar cercano a la ciudad donde aprobó en primera instancia el proyecto de Carta Magna impulsado por el oficialismo, que en enero de 2009 fue aprobado definitivamente en referendo.
El origen de las protestas de noviembre de 2007 en Sucre fue la decisión de la Asamblea de no debatir la petición de capitalidad plena de la ciudad, donde reside el poder Judicial, mientras que el Legislativo y el Ejecutivo tienen sede en La Paz desde la guerra civil de 1899.
La demanda acusatoria contra Morales fue planteada en enero de 2008 por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilar, en representación de las familias de las víctimas.
Esa denuncia también incluía al ministro de Gobierno (interior), Alfredo Rada, al entonces comandante de la Policía, general Miguel Vázquez, y a otros dos jefes de esa institución.
En este sentido, el fiscal ha decidido que "el requerimiento acusatorio" contra el ministro y los responsables policiales queda "incólume", es decir, sigue adelante.
