La Fiscalía pidió hoy 25 años de cárcel para el último presidente de la dictadura argentina, Reynaldo Bignone, y otros dos generales por delitos de lesa humanidad cometidos en el régimen militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
Después de dos días de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín, en el que en noviembre comenzó este juicio que ventila crímenes cometidos en la unidad militar de Campo de Mayo, los fiscales solicitaron también 25 años para el ex jefe de la guarnición Santiago Omar Riveros y su antiguo jefe de Inteligencia Fernando Verplaetsen.
A los acusados se les imputa responsabilidad en la desaparición de 25 personas y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos durante la dictadura.
Ciro Annichiarico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, también solicitó la semana pasada 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen, pidió la misma pena para los ex generales Jorge García y Alberto Roque, y reclamó 20 años de cárcel para Eugenio Guañabens.
La Fiscalía solicitó 20 años para Roque, 14 para García y 12 para Guañabens, responsable de la escuela de logística.
En este proceso judicial se juzgan delitos contra 58 víctimas, una porción muy pequeña de las 5.000 que se calcula que pasaron por la guarnición militar de Campo de Mayo, en la que funcionaron cuatro centros de detención.
El principal delito que se imputa a los acusados es el de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", en referencia a las desapariciones, ya que como nunca se encontraron los cadáveres no pueden ser acusados por homicidio, delito que prevé penas de hasta reclusión perpetua.
Se prevé que el próximo 25 de este mes comiencen los alegatos de la defensa y que en marzo el tribunal dicte su sentencia.
Según las estimaciones de los organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura militar argentina.
