La huelga y las movilizaciones que desde hace nueve días vive la ciudad de Tacna, en el extremo sur peruano, comienzan hoy a desinflarse ante una población cansada de protestas, disturbios, escasez y la consiguiente carestía.
En el centro, los comercios comenzaron a abrir sus puertas y los taxis a circular con más libertad, pese a que algunos ciudadanos exaltados llamaban a la combativa Radio Caplina y, amparados en el anonimato, amenazaban: "Esos locales que abren en Ciudad Nueva, que cierren o se atengan a las consecuencias".
Pero las consecuencias no se hacen sentir en una ciudad que hoy vivió con menos ímpetu que ayer el "cacerolazo" del mediodía, pese a que hace solo tres días la urbe ardía en disturbios que se saldaron con dos muertos y varios heridos de bala, lo que motivó la imposición del estado de emergencia por parte del Gobierno central.
"La línea dura tenía fuerza hace unos días, hoy se está imponiendo la racionalidad", comentó el presidente del Gobierno Regional, Hugo Ordóñez en una entrevista con Efe.
"No están llegando alimentos, productos de primera necesidad o medicamentos", precisó.
Ordóñez, que se define como un político "contrario al modelo neoliberal y al sistema capitalista", recibió sin chaqueta ni corbata, en su despacho a dirigentes gremiales, juntas vecinales, alcaldes, comités populares, donde todos tienen su propia plataforma de reivindicaciones ante el Gobierno central.
Esta amalgama de movimientos sociales son los que están detrás de los nueve días de huelga general decretada en Tacna en contra de la rebaja del canon minero, la cantidad que la región recibe del Estado como compensación por la explotación de sus recursos por parte de Southern Perú, de capitales mexicanos.
El obispo de Tacna, Marco Antonio Cortés Lara, viajó hoy a Lima para entrevistarse con el primer ministro Yehude Simon, según explicó Ordóñez, aunque precisó que no ha querido asumir oficialmente el papel de representante de la sociedad tacneña.
El presidente regional pidió "una mínima señal del Gobierno central" y bajó el tono maximalista de los pasados días, aunque aquí debe lidiar con los movimientos sociales que lo atosigan con demandas más radicales.
El llamado "comité de lucha" plantea por ejemplo la salida inmediata del Ejército de las calles de Tacna, el fin del estado de emergencia y el cierre simple y llanamente de la minera Southern Perú, como comenta a Efe su portavoz, Ricardo Bernabé, antes de reunirse con Ordóñez.
En las antípodas del comité de lucha está la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, cuyo presidente, Carlos González Koc, presenta una evaluación de 34,5 millones de soles (11,7 millones de dólares) de pérdidas en todos los sectores de la actividad económica en los primeros ocho días de paro, hasta ayer.
González criticó la "pésima estrategia" del Gobierno regional, que "no plantea temas viables", y reprochó la manipulación que este Gobierno está haciendo del famoso "canon minero".
En concreto -y aquí pone el dedo en la llaga de la regionalización- nadie fiscaliza el dinero que los gobiernos regionales reciben por el canon minero: "se lo reparten entre el presidente y varios alcaldes, que lo gastan de manera opaca".
Para González, las inversiones prioritarias para Tacna pasarían por un nuevo hospital, el afianzamiento hídrico de la provincia y una carretera a Bolivia, cuestiones que no parecen estar en la agenda de los movilizados.
Por último, recordó que los precios de los productos mineros no paran de bajar -el cobre lo ha hecho en un 40 por cien en pocos meses-, por ello es demagógico decir que Tacna va a dejar de ingresar 300 millones de soles (97 millones de dólares) con el nuevo canon, cuando esa cifra va a ser mucho menor.
La población tacneña, ajena a estos matices, se aferra a eslóganes fáciles como "queremos nuestro canon" o "agua sí, minas no", en una nueva vuelta de tuerca en la que piden que se cierre la empresa minera y se opte por una economía más ligada al agua y la agricultura.
