La Iglesia Católica celebró hoy la condecoración que El Salvador otorgará mañana a seis jesuitas asesinados, entre ellos cinco españoles, hace 20 años por un grupo de militares durante la guerra civil que azotó al país entre 1980 y 1992.
"Me alegra que el Gobierno honre a los padres con esta condecoración", declaró el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, en una conferencia de prensa.
"Permite mantener vivo el recuerdo y también para suscitar el compromiso de todo un pueblo por los ideales que ellos lucharon, que ellos defendieron, que fueron ideales de un país diferente, de un país incluyente, de un país donde los pobres tengan voz y tengan esperanza", añadió, un día antes del 20 aniversario.
Además, calificó como un "bálsamo" la decisión del Gobierno de Mauricio Funes de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por escuadrones de la muerte.
"Es como un bálsamo, porque a nivel mundial se ha clamado porque esto se haga y finalmente después de 30 años espero que lo podamos cumplir, es un deber también como país", opinó.
"Es importante reconocer la responsabilidad del Estado y hacer homenaje a monseñor como país y eso es lo que prometió el presidente Funes", sostuvo.
Reiteró su pedido de que no se "manipule" la memoria del jerarca.
"No debemos tocar a monseñor Romero con las manos sucias, es decir, que ningún interés político o ideológico pretenda manchar su memoria. Es algo demasiado sagrado para que juguemos con ello", añadió.
El pasado 3 de noviembre, Funes anunció que su Gobierno concederá este 16 de noviembre su máxima condecoración a los jesuitas asesinados hace 20 años.
La condecoración en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro será recibida por parientes o miembros de las comunidades en las que trabajaban cada uno de los religiosos y luego quedarán bajo custodia de la Universidad Centroamericana (UCA).
El 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva emprendida por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de Gobierno), comandos del Ejército salvadoreño irrumpieron en la UCA y dieron muerte a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría.
Además, asesinaron a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Por otra parte, el pasado 6 de noviembre, El Salvador reconoció públicamente su responsabilidad en el caso de Romero en una audiencia ante la CIDH, así como el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por ese organismo en su informe de fondo de 2000.
La comisión recomendó a El Salvador que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre este caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General aprobada en 1993.
El director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno de Funes "de cumplir de buena fe" y en la medida de sus posibilidades estas recomendaciones.
