La Iglesia Católica expresó hoy su preocupación por la situación en las cárceles de El Salvador y apoyó un informe de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, que advirtió "serias deficiencias estructurales" y un hacinamiento del 300 por ciento en el sistema.
"Quiero expresar (...) mi preocupación por las condiciones tan críticas en las cárceles de nuestro país. El hacinamiento de los presos y sobre todo en los aislamientos es muy lamentable", declaró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una conferencia de prensa.
"Me alegra que la OEA haya intervenido en este asunto", resaltó el prelado, al aludir a la evaluación de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Esperaría que las autoridades vean con buenos ojos esta preocupación de la OEA, incluso es una oportunidad para que los países amigos de América, miembros de la OEA, quizás puedan ayudarnos de una forma o de otra para salir adelante", sostuvo.
Consideró que es necesario dar un trato "humano y digno" a las personas encarceladas, y opinó que no es justo que quienes hayan delinquido tengan "que sufrir y sufrir".
El pasado 8 de octubre, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar, dijo haber observado que el sistema penitenciario salvadoreño "sufre serias deficiencias estructurales".
Estas deficiencias "son fundamentalmente el resultado de la falta de políticas públicas y proyectos orientados a lograr que el sistema penitenciario cumpla realmente con sus fines constitucionales", detalló, al leer un informe preliminar sobre la visita que inició el pasado 5 de octubre.
Alertó que, según cifras oficiales, en el país existe "un hacinamiento de más de 300% en las cárceles para adultos", mientras que un 45% de los internos en centros para menores ha sobrepasado los 18 años.
Cifras oficiales indican que el sistema carcelario alberga 23.840 reos en 23 centros diseñados para una población de 8.110 internos.
Escobar expresó su preocupación por las medidas implementadas en las prisiones, como los registros efectuados por el Ejército a los visitantes de los penales, y la prohibición a la entrada de menores.
Solicitó, igualmente, que se supriman los "registros vaginales y anales intrusivos a las mujeres" y que se den mejoras en el cumplimiento de las necesidades básicas, especialmente de alimentación.
