Las autoridades panameñas dijeron hoy que recibieron una alerta de la Policía Internacional (Interpol) en El Salvador sobre la posible presencia en Panamá de un abogado buscado en San Salvador por supuesto tráfico de menores.
Este abogado es, al parecer, uno de los que asesoró legalmente a los misioneros estadounidenses detenidos a fines de enero en Haití acusados de tráfico de menores.
"Tenemos una alerta roja de Interpol que emiten las autoridades judiciales de El Salvador en la que solicitan (detener) a un sujeto que se llama Jorge Torres Orellana, que supuestamente se encuentra involucrado en un caso de tráfico de menores en ese país", dijo a Efe el jefe de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá, Javier Carrillo.
Carrillo indicó que se verificó con el Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá que Torres ingresó a este país en 2007, cuando no existía ninguna orden o alerta internacional para su captura y que de encontrarse en el país será detenido para tramitar su extradición a El Salvador.
Torres no tiene ningún caso en Panamá, ni orden de captura por parte de autoridad nacional, anotó el funcionario policial.
"Ya tenemos la alerta en el aeropuerto (internacional de Tocumen) y puertos de entrada del país para que, si esta persona ingresa a nuestro territorio, que nos den aviso para proceder con su detención", señaló Carrillo.
Destacó que Torres se hace llamar Jorge Puello, que no es su nombre original, sino Jorge Torres Orellana, de nacionalidad salvadoreña.
La directora del SNM, Cristina González, dijo a la prensa que se trabaja en la verificación si Torres está en el país, ya que hay reportes que entró a Panamá en 2007 "y no aparece ningún registro de salida".
Torres es, al parecer, uno de los abogados que defendió a los diez misioneros estadounidenses acusados en Haití de intentar sacar ilegalmente del país a 33 menores, tras el terremoto del pasado 12 de enero que destruyó ese país.
Los misioneros, pertenecientes a la organización bautista "Refugio de Niños Nueva Vida", fueron detenidos a finales de enero pasado cuando se dirigían en un autobús hacia la frontera con República Dominicana con los menores, de entre dos y doce años, y sin documentos que autorizaran su viaje.
