El Gobierno argentino sufrió un nuevo revés judicial con la decisión de un tribunal de no citar a declarar a ecologistas que afrontan causas penales por bloquear durante casi cuatro años un paso fronterizo con Uruguay en rechazo a una papelera instalada en ese país, informaron hoy los demandados.
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad argentina de Paraná resolvió que no sean indagados los diez activistas demandados este año por el Gobierno de Cristina Fernández a causa del bloqueo en una carretera que conecta con la uruguaya Fray Bentos, donde se levanta la papelera finlandesa UPM (ex Botnia).
El corte que realizaban desde noviembre de 2006 miembros de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú en la ruta 136 fue levantado el pasado 19 de junio, días después de que el Ejecutivo presentara la querella penal con graves cargos.
"La causa queda paralizada, pero sigue abierta y ahora dependerá de la Fiscalía de Concepción del Uruguay (Argentina)", evaluó Luis Leissa, uno de los abogados de la asamblea ecologista, al anunciar y celebrar el dictámen de la Cámara de Apelaciones.
El tribunal rechazó así la apelación de la fiscal Daniela Neyra contra una resolución del juez Gustavo Pimentel que en julio pasado desestimó el pedido del Gobierno nacional para que diez asambleístas de Gualeguaychú sean indagados por la justicia.
La Cámara dispuso además que la causa vuelva al juzgado de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, explicaron portavoces de la asamblea.
"Esto si bien no da fin a la causa muestra que los argumentos de fondo de la asamblea siguen siendo válidos. Ahora no hay causa, puede llegar a abrirse pero no va a ser fácil", postuló Jaime Martínez Garbino, otro de los abogados de los ecologistas.
La resolución "dice que faltaron acusaciones concretas, y que hay que explicar cómo diez personas habrían tenido cortada una ruta internacional durante casi cuatro años", agregó a medios locales el abogado Darío Carrazza.
La instalación de la planta de pasta celulosa en la ribera oriental del río Uruguay, de administración compartida, desató el mayor conflicto en décadas entre ambos países.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció en abril que aunque Uruguay violó el tratado de administración compartida del río, no hay pruebas de que la planta contamine, por lo que no ordenó su desmantelamiento pero sí instó a ambas partes a hacer controles conjuntos del curso fluvial.
El pasado 6 de octubre, el comité científico creado por Argentina y Uruguay para controlar el medio ambiente en ambos países tuvo su primera actividad con la visita a la fábrica UPM, considerada contaminante por los asambleístas.
Con la creación del comité, el pasado 30 de agosto, los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor Timerman, dieron por finalizado el conflicto entre ambos países que se extendió por casi siete años.
