La Justicia brasileña condenó hoy a treinta años de prisión al terrateniente Regivaldo Pereira Galvao, el quinto y último de los acusados por el asesinato en 2005 de la monja y ambientalista estadounidense Dorothy Stang.
El jurado, que deliberó hasta la madrugada del sábado en Belem, capital del amazónico estado de Pará, declaró culpable a Pereira Galvao, acusado por la Fiscalía de ser uno de los hacendados que encargaron la muerte de Stang, una defensora de los campesinos sin tierra en la Amazonía.
Según la acusación, Stang, de 73 años, fue asesinada porque lideraba el movimiento campesino opuesto a entregar a los terratenientes una porción de tierras que el Gobierno había concedido antes a un grupo de campesinos pobres de la región.
El Departamento de Justicia del estado de Pará informó en su sitio de internet que la defensa de Galvao decidirá en un plazo de cinco días si apelará la sentencia.
Stang, nacida en Ohio (EEUU) y abatida a disparos en febrero de 2005, luchó durante veinte años contra la deforestación en el municipio de Anapú, en el interior de la mayor selva del mundo.
El mes pasado, el mismo tribunal condenó en tercera instancia también a una pena de treinta años de prisión al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura "Bida", apuntado como cómplice de Galvao al pagar juntos 50.000 reales (unos 28.768 dólares) por el asesinato.
Los dos pistoleros que mataron a Stang ya fueron condenados, así como otro hacendado que sirvió de intermediario entre los homicidas y los inductores del crimen.
El autor de los seis disparos, Rayfrán das Neves Sales, quien confesó el crimen, fue condenado a 28 años de prisión, y su cómplice, Clodoaldo Carlos Batista, que le acompañó en el ataque aunque desarmado, a 17 años.
El hacendado Amair Feijoli da Cunha, quien admitió haber sido el intermediario del crimen, fue condenado a 18 años de prisión.
La católica Pastoral de la Tierra presentó el jueves un informe al Ministerio de Justicia con el registro de 1.546 homicidios relacionados con los conflictos agrarios en Brasil durante los últimos 25 años, la mayoría en regiones sin la presencia de las autoridades en la Amazonía.
Sólo 85 de las muertes han sido juzgadas.
