Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó hoy el recurso de apelación que presentó la defensa del coronel salvadoreño Nicolás Carranza, acusado por crímenes de lesa humanidad, y reafirmó su sentencia.
Carranza, que obtuvo la ciudadanía estadounidense y reside en Memphis (Tennessee), era viceministro de Defensa de El Salvador y fue declarado culpable de abusos a los derechos humanos en su país natal durante la década de 1980.
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito rechazó los alegatos de la defensa de que las autoridades estadounidenses debían tomar en cuenta una ley de amnistía que fue aprobada en su país como parte de los acuerdos de paz de 1992.
La corte estableció que esa ley no tiene peso en Estados Unidos y que, como residente y ciudadano de este país, Carranza está sujeto a las leyes estadounidenses que protegen los derechos humanos.
También desestimó el argumento de la defensa de que el informe final de la Comisión de la Verdad para El Salvador no podía ser admitido como prueba documental.
La defensa de Carranza no descarta la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU., explicó su abogado, Robert Fargarson.
Carranza fue demandado en octubre de 2005 por cinco víctimas de abusos durante la guerra civil de doce años que se cobró la vida de más de 70.000 personas en el país centroamericano.
Un jurado declaró le culpable el 18 de noviembre de ese año, después de escuchar testimonios durante dos semanas.
Según la demanda, el militar ordenó la tortura y asesinatos de civiles que se oponían al régimen en El Salvador en esa época.
Carranza, quien durante el juicio atribuyó los asesinatos a elementos extremistas de izquierda y de derecha, era coronel del Ejército salvadoreño y fue uno de los principales comandantes de las fuerzas de seguridad de ese país.
Como viceministro de Defensa, tenía a su cargo la Guardia Nacional y la Policía Nacional de octubre de 1979 a enero de 1981.
Para el abogado David Esquivel, que representó a los demandantes, el dictamen confirma que "los tribunales estadounidenses aplicarán las leyes estadounidenses en respaldo de los derechos humanos aún cuando los regímenes intentan buscar inmunidad para su propia conducta".
Con el dictamen del Tribunal de Apelaciones, los demandantes confían en que se inicie un proceso para revocar la ciudadanía estadounidense de Carranza, quien emigró a ese país en 1985.
