La Justicia chilena emitió hoy un fallo que supone un revés en la tramitación ambiental de la central térmica Castilla, que la empresa MPX Energía, del millonario empresario brasileño Eike Batista, quiere instalar en el norte de Chile.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, a 830 kilómetros al norte de Santiago, acogió hoy un recurso por el que declaró ilegal la modificación, de "contaminante" a "molesta", realizada en el proceso de calificación ambiental de la central.
Esta planta térmica a carbón, que requiere una inversión de unos 4.200 millones de dólares, se ubicaría en la península "Punta de Cachos", a unos 80 kilómetros de Copiapó, y se convertiría en la mayor de Sudamérica en su tipo, con una producción de 2.300 megavatios (MW).
El cambio en su calificación fue realizado por el anterior secretario regional del Ministerio (seremi) de Salud, Raúl Martínez, nombrado por el Gobierno de Sebastián Piñera y que renunció a fines de agosto, sobre la base de un documento elaborado por su antecesora, Pilar Merino.
La calificación de "molesta" habría permitido la aprobación del proyecto por parte del Consejo Regional Ambiental (Corema) de Atacama, que ahora está obligado a rechazarlo, dada su consideración de "contaminante".
El recurso aprobado hoy fue presentado por la organización no gubernamental Atacama Sin Carbón, representada por el abogado Carlos Figueroa Guzmán, hijo del ex ministro Carlos Figueroa, de la Concertación de centroizquierda, actualmente en la oposición.
En tanto, la empresa estuvo defendida por el abogado Andrés Jana, que hasta el 24 de septiembre podrá recurrir el fallo ante la Corte Suprema, con lo que la resolución final se demoraría un mes más.
La empresa MPX, dedicada a la generación de energía, forma parte del Grupo EBX, encabezado por el brasileño Eike Batista, quien está considerado por la revista estadounidense Forbes como el segundo hombre más rico de América Latina y el octavo del mundo.
Esta decisión judicial se produce sólo dos semanas después de que el proyecto de la central térmica Barrancones, de la franco-belga GDF Suez, se suspendiera a petición del propio Piñera, a pesar de que su estudio de impacto ambiental estaba aprobado.
La firma iba a invertir 1.200 millones en esta iniciativa, que pretendía producir 600 megavatios.
