La sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua decidió hoy reabrir la audiencia de casación en el caso por el asesinato, en 2004, de la periodista María José Bravo para citar a todos los testigos que no declararon en primera instancia.
El presidente interino de la sala penal, Rafael Solís, informó en un comunicado de que pedirán a la Policía Nacional todas las pruebas que no se encuentran en el expediente para poder hacer un análisis exhaustivo del caso y dictar una sentencia definitiva.
"Me parece que era correcta la decisión de volver a hacer la audiencia, eso sí, con total transparencia", expresó Solís, quien adelantó que se mandará citar a todos los testigos y a las autoridades periciales, de manera que no quede la menor duda sobre lo que se está haciendo.
Se trata de 16 pruebas periciales, como los análisis de huellas y de sangre o el croquis del crimen, que no constan en el expediente judicial contra Eugenio Hernández, ex alcalde liberal de El Ayote, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de la periodista del diario La Prensa.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sergio Cuarezma, uno de los jueces que estudian el recurso de apelación presentado por Hernández, explicó la semana pasada que en la instrucción del proceso se registraron irregularidades y han desaparecido testimonios, lo que obligará a repetirlo en gran parte.
El tribunal aseguró que esta acción tiene por objetivo despejar todas las dudas sobre el asesinato de Bravo.
El magistrado Cuarezma, miembro de la sala penal, advirtió de que la fuerza pública se encargará de llevar a la Corte a los testigos que no comparezcan.
María José Bravo fue asesinada en Juigalpa, Chontales, el 9 de noviembre de 2004, mientras cubría unos comicios municipales que se celebraron ese año.
