La inconstitucionalidad de la ley que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura (1973-1985) decretada hoy por la Suprema Corte de Uruguay complicó aún más la polémica iniciativa oficialista de suprimirla en el Parlamento.
El Alto Tribunal declaró inconstitucional esa ley de forma unánime para una causa abierta contra el ex presidente de facto Juan María Bordaberry por la muerte de 20 personas y a partir de ahora podrá ser investigada por la Fiscalía y los tribunales sin que las personas que participaron en los hechos gocen de ninguna protección.
Esta resolución se produce en mitad de un agrio debate entre el oficialista Frente Amplio (FA) y la oposición, después de que el partido de gobierno impulsara en el Parlamento una ley que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pese a que esta fue aprobada por la ciudadanía en dos comicios en 1989 y en 2009.
La ratificación de la Ley de Caducidad en el referéndum del año pasado, que coincidió con las elecciones presidenciales en las que venció el ex guerrillero tupamaro José Mujica, fue un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.
El FA justifica la nueva ley, que ya fue aprobada por los diputados y espera su ratificación en el Senado, precisamente por una sentencia de la Corte Suprema que en octubre de 2009 la declaró inconstitucional para aplicarse en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
La iniciativa legislativa pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática y por lo tanto hacerla inaplicable.
Sin embargo, los opositores a este proyecto, entre los que se encuentran los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), acusan a la propuesta de ser "un agravio a la ciudadanía" que aprobó la norma y un ataque a la "institucionalidad del país".
Además, los defensores de la Ley de Caducidad aducen que, si la norma se aplica correctamente, es posible llevar a los violadores de los derechos humanos ante la Justicia, como demuestran la decisión sobre el caso de Sabalsagaray y la adoptada hoy sobre Bordaberry.
El tema también divide a la propia coalición de izquierda, que pese a gozar de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras se ha topado con el rechazo de al menos tres de sus senadores, que se han manifestado en contra del proyecto.
Si al menos dos de los senadores "rebeldes" votan en contra, el objetivo de la izquierda de dejar sin efecto la Ley de Caducidad fracasará.
La Ley de Caducidad obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período, algo que no había ocurrido hasta que la izquierda asumió el Gobierno en 2005, bajo la Presidencia de Tabaré Vázquez.
Precisamente, la misma Suprema Corte que hoy declaró inconstitucional esta norma se pronunció a favor de la misma en 1988.
El expediente que ahora podrá ser investigado corresponde a una denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos que acusan al ex dictador Bordaberry de tener responsabilidad en la muerte de 20 personas bajo su gobierno.
Bordaberry, de 81 años y que gobernó constitucionalmente entre 1972 y 1973 y luego como presidente de facto entre 1973 y 1976, ya fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución y a otros 30 por el asesinato de 14 personas desaparecidas bajo su mandato.
Cronología de la Ley de Caducidad
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar hoy inconstitucional la Ley de Caducidad, que impide juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), es el último paso dado en la historia de esta controvertida ley.
Según la resolución emitida por el Alto Tribunal, la Ley de Caducidad no podrá aplicarse en un caso en el que se investiga la responsabilidad del ex presidente de facto Juan María Bordaberry en 20 asesinatos cometidos bajo el gobierno dictatorial.
Estos son los antecedentes históricos de la dictadura y los hechos más destacados sobre la Ley de Caducidad.
- En junio de 1973 el presidente constitucional Juan María Bordaberry encabeza un "auto golpe de Estado" con el apoyo de las Fuerzas Armadas, proscribe la mayoría de los partidos políticos y sindicatos.
- En junio de 1976 las Fuerzas Armadas destituyen a Bordaberry y designan interinamente a Alberto Demicheli, por entonces presidente del Consejo de Estado.
- El 1 de septiembre de 1976 asume como presidente Aparicio Méndez, que se mantiene en el cargo hasta 1981.
- Aparicio Méndez es sustituido por el teniente general Gregorio "Goyo" Álvarez, quien permaneció en el cargo hasta 1985.
- En 1984 los militares acuerdan con los partidos políticos el retorno a la democracia y a finales de ese año se realizan elecciones, aunque con algunos políticos proscritos.
- En 1986 el Parlamento uruguayo aprueba la Ley de Caducidad, que pone fin antes de su inicio a los juicios contra policías y militares involucrados en violaciones de los derechos humanos durante el régimen "de facto" (1973-1985). La ley excluye a los civiles.
- En los años siguientes la justicia decide archivar los casos de denuncias contra los jerarcas del régimen.
- El 16 de abril de 1989 los uruguayos aceptan en referéndum la Ley de Caducidad con el 57 por ciento de los votos a favor.
- El 2 de diciembre de 2003 el presidente José Batlle (2000-2005) anuncia que el caso de la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman queda amparado en la Ley de Caducidad
- El 1 de marzo de 2005 asume como presidente el socialista Tabaré Vázquez, primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, y en su discurso de asunción anuncia que excluirá cuatro crímenes, de los que se acusa a Bordaberry, de la Ley de Caducidad.
- El 16 de noviembre de 2006 la justicia accede al pedido de la fiscal y decide procesar con prisión a Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco.
- El 17 de noviembre 2006 Juan María Bordaberry ingresa en prisión, procesado por homicidios cometidos en 1976.
- El 17 de febrero 2009 el Gobierno uruguayo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y permite a la Suprema Corte que se pronuncie sobre el caso de la asesinada militante comunista Nibia Sabalsagaray.
- El 15 de junio 2009 la Corte Electoral valida 258.711 firmas de ciudadanos y autoriza el referéndum por la anulación de la Ley de Caducidad.
- El 29 julio 2009 arranca la campaña para pedir el voto contra la Ley de Caducidad.
- El 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declara inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray.
- El 22 de octubre de 2009 la Justicia condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad al ex dictador Gregorio Álvarez, último presidente de la dictadura uruguaya.
- El 26 de octubre de 2009 los uruguayos rechazan en plebiscito la anulación de la Ley de Caducidad, después de que la propuesta solo recibiera el 41 por ciento de los votos.
- El 21 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia a Uruguay ante la Corte de San José por la Ley de Caducidad.
- El 11 de febrero de 2010 la Justicia condena a Juan María Bordaberry a 30 años de prisión por atentado a la Constitución.
- El 27 de abril de 2010 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demanda a Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por mantener la Ley de Caducidad y evitar la investigación de la desaparición forzada de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
- El 20 de octubre de 2010 la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que busca declarar inaplicable la Ley de Caducidad, sólo con los votos del oficialismo.
- El 1 de noviembre de 2010 la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley de Caducidad para un caso en el que se acusa a Bordaberry de 20 asesinatos.
