El esfuerzo asumido por Colombia para la consecución de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no tiene precedentes en el mundo, aseguró hoy el presidente Juan Manuel Santos tras rubricar la norma, que contiene elementos únicos para reparar a los afectados por un conflicto armado aún no concluido.
"Ningún otro país en el mundo ha asumido, como Colombia, un esfuerzo de estas dimensiones para reparar las víctimas, restituir las tierras y cerrar las heridas, sin haber terminado todavía el conflicto que nos desangra", afirmó Santos, al asegurar que "nunca antes se habían comprometido de tal forma los recursos de un Estado para pagar una deuda moral de la sociedad".
Para elaborar la ley se tuvieron en cuenta las palabras del líder sudafricano, el arzobispo Desmond Tutu: "las quejas sociales y económicas que no sean adecuadamente atendidas en un proceso de transición constituyen barriles de pólvora de resentimiento y frustración que podrían amenazar el orden social".
Y bajo este planteamiento, el Gobierno y el Congreso de Colombia decidieron poner en marcha la ley sin esperar a que termine el conflicto.
Esta norma cuenta con cinco elementos básicos que la convierten en especial dentro de la legislación global.
Estos son "el Programa de Atención Psicosocial, el Programa de Indemnizaciones Administrativas, la Restitución de Tierras, la Reparación Inmaterial y la Garantía de no Repetición", enumeró Santos.
El primero de ellos atenderá las secuelas que el conflicto ha dejado a las víctimas y su rehabilitación física.
El de Indemnizaciones Administrativas está enfocado en "reconocer la condición" de víctimas, "con la opción de recibir una indemnización mayor si se suscribe un contrato de transacción renunciando a una posterior demanda al Estado".
El de la Restitución de Tierras buscará que los campesinos recuperen sus tierras y éstos puedan retornar a sus antiguos hogares acompañados con programas de estímulos.
Por su parte, la Reparación Inmaterial busca recuperar la memoria histórica, entre otros aspectos, y la ley, además, garantiza la no repetición "para evitar que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir".
Santos advirtió de que los avances "se irán produciendo gradualmente en el curso de los próximos 10 años" y para ello el Gobierno pondrá en marcha una transformación institucional.
El propósito es concluir este año 2011 con la satisfacción de haber reparado "a por lo menos 25 mil hogares" y que otras 20 mil familias hayan retornado a sus hogares.
