La ministra brasileña de Política para las Mujeres, Eleonora Menicucci, afirmó hoy que el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha puesto las bases para erradicar del país la discriminación de género en todas sus vertientes.
"Estamos en el camino definitivo para la eliminación de la discriminación de género", dijo Menicucci ante la 51 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dependiente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Reconoció, no obstante, que hay un largo camino por delante por la fuerte tradición patriarcal que persiste en Brasil y que son necesarias enérgicas políticas de sensibilización en todos los niveles para acercarse a la igualdad entre géneros.
"Debemos fomentar un debate político que permita tomar conciencia de que la discriminación de género es una cuestión fundamental y hay que coordinar las políticas desde diversos ámbitos", explicó la ministra, que llegó recientemente al cargo y que busca que este asunto sea prioritario en las acciones del Gobierno.
Menicucci se comprometió a "buscar una articulación interministerial y una respuesta conjunta a todo tipo de violencia contra las mujeres", y a aprovechar el impulso que representa la presencia de una mujer como Dilma Roussef en la jefatura del Estado.
"No es sólo que tenemos una mujer presidenta, es que tenemos a Dilma Rousseff con toda su trayectoria política detrás", subrayó en referencia a la militancia feminista y democrática de la presidenta, con quien compartió celda durante la dictadura militar.
La ministra pasó de puntillas sobre el asunto más espinoso de este "examen" a Brasil, el relativo al aborto, una práctica que en Brasil es delito y que sólo se autoriza cuando el embarazo es consecuencia de una violación y cuando está en peligro la madre.
El informe de los expertos independientes del Comité que sirvió de punto de partida a este debate destacó que, "teniendo en cuenta los riesgos y consecuencias del aborto inseguro y sus complicaciones, se trata de un grave problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres jóvenes del país".
La legislación brasileña castiga el aborto con condenas de entre uno y tres años de cárcel para la gestante y de uno a cuatro años para el médico, y el Parlamento ha estudiado recientemente iniciativas partidarias de endurecer estas penas.
Menicucci se limitó a manifestar que el objetivo de su mandato es conseguir "que las mujeres puedan vivir el embarazo con seguridad" y subrayó el éxito en los últimos años de las políticas de fomento del uso de anticonceptivos entre las mujeres brasileñas.
"Vamos a reafirmar y reforzar estas políticas", manifestó la ministra, quien destacó que estas políticas "han reducido sustancialmente el número de embarazos no deseados y abortos" y recordó que actualmente el 77 por ciento de las mujeres brasileñas de entre 18 y 49 años (47,5 millones) emplea anticonceptivos.
Menicucci habló ante los miembros del Comité de la ONU y numerosas ONG, que denunciaron que los abortos practicados en condiciones sanitarias deficientes son la cuarta causa de fallecimiento de las brasileñas, con una incidencia tres veces superior en el caso de las mujeres negras y sin educación.
Doce ONG resaltaron en un informe "las estadísticas alarmantes" que indican que en Brasil se practican un millón de abortos anuales y se registran 250.000 hospitalizaciones a causa de sus complicaciones, por lo que la interrupción del embarazo representa un evidente "problema de salud pública".
De acuerdo con datos del Gobierno brasileño correspondientes a 2008, se estima que 21 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años se someten a un aborto y que del millón de intervenciones para interrumpir el embarazo solo 3.230 fueron legales.
La ONG denuncian que las muertes y secuelas derivadas de estas prácticas fuera del circuito hospitalario reglado no reciben la atención debida del Estado y de la sociedad, pese a las evidencias estadísticas de que una de cada siete mujeres de entre 18 y 39 años ha abortado en al menos una ocasión a lo largo de su vida.
Critican que no sea legal abortar en casos de anencefalia (una de las anomalías del tubo neural más comunes), lo que afecta particularmente a mujeres de escasos recursos y que lleva a muchas madres a recurrir a la vía judicial, ocurriendo a menudo que el permiso se concede cuando la mujer ya ha dado a luz.
En declaraciones a la prensa el jueves, Menicucci dejó claro que el Gobierno no tiene previsto modificar la ley sobre interrupción del aborto, una reclamación histórica del movimiento feminista del que proviene la ministra, y negó que esto vaya en contra de su "compromiso con la justicia social y la justicia de género".
Su compromiso actual es con el Ejecutivo: "a partir del momento que acepto ser ministra en el Gobierno -dijo- sigo la posición del Gobierno y las directrices del Gobierno. Para mi, eso es lo ético".
