La misión designada por la Unasur que investigó la matanza de 20 campesinos bolivianos en septiembre pasado afirmó hoy que se cometió un "crimen de lesa humanidad" y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.
El coordinador de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el argentino Rodolfo Mattarollo, ex subsecretario de Derechos Humanos de su país, planteó esas conclusiones en un informe presentado hoy en el Palacio de Gobierno de La Paz.
El documento fue entregado al presidente boliviano, Evo Morales, tiene más de 60 páginas y es fruto de una investigación que comenzó tras los violentos sucesos registrados en la región amazónica de Pando el 11 de septiembre, durante una ola de protestas opositoras.
En su discurso, Mattarollo dijo que lo ocurrido en la localidad de Porvenir y lugares aledaños fue una "masacre" y "un crimen de lesa humanidad" que, en su criterio, debe ser juzgado por la vía ordinaria y no en un juicio especial de responsabilidades.
La misión expresó su convicción "moral e intelectual" de que el 11 de septiembre "se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de Naciones Unidas (ONU)".
Sostuvo que en la matanza "fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos", aunque el dato global registrado es de 20 agricultores "asesinados".
"Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista y el derecho penal internacional en vigor actualmente, un crimen de lesa humanidad", aseguró Mattarollo.
La comisión destaca que dos funcionarios de la prefectura de Pando murieron por arma de fuego en la mañana del 11 de septiembre, por lo que pide a las autoridades judiciales de Bolivia "su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente".
Asimismo, concluye que no fueron delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, sino comunes "que deben ser juzgados por la justicia ordinaria".
El Gobierno y la Fiscalía acusaron al ex prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, de ser el responsable de la masacre y se encuentra detenido desde septiembre en una cárcel de La Paz.
Los abogados de Fernández, que era de unos de los líderes de la oposición autonomista a Morales, han planteado que sea juzgado bajo un régimen especial por su condición de ex autoridad regional, un pedido que respaldó una corte de Chuquisaca.
Mattarollo planteó, además, profundizar la investigación sobre "ejecuciones sumarias de niños", "enterramientos clandestinos", "el destino de personas cuyo paradero se desconoce", que fueron denunciados por los habitantes de Pando.
Evo Morales agradeció el trabajo de la comisión y sostuvo que lo ocurrido en esa región fue un "genocidio" contra los pueblos indígenas, al reivindicar las luchas de este sector en Bolivia para tener tierras y territorio.
El mandatario agregó que lo ocurrido debe servir para hacer en su país "una profunda reflexión" y promover cambios en la justicia nacional.
