El Consejo Permanente de la OEA dio hoy su visto bueno a un descafeinado proyecto de declaración que se aprobará en la XXXX Asamblea General, en el que no se refleja la preocupación por el aumento del gasto militar en Latinoamérica.
El texto, que tendrá que ser aprobado por los cancilleres de los 33 Estados miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la reunión anual del organismo, que se celebrará del 6 al 8 de junio en Lima, difiere mucho de la propuesta inicial de Perú.
Partiendo de la campaña que inició el presidente Alan García para poner "freno al armamentismo" y forjar un "pacto de no agresión" para limitar el gasto militar y la adquisición de armas, Perú había utilizado un lenguaje bastante más fuerte en el texto.
En su proyecto sobre "la paz, la seguridad y la cooperación en las Américas" pretendía que los países se declararan "preocupados porque se destinen a fines militares a nivel mundial y especialmente en América Latina cada vez más recursos que podrían dedicarse a atender necesidades de desarrollo" y establecer límites a los gastos destinados a la defensa externa.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por su sigla en inglés), las transferencias de armas hacia Suramérica se incrementaron en un 150 por ciento durante los últimos cinco años, lo que refleja una tendencia al alza tanto en gasto militar como en órdenes de compra en la región.
De acuerdo con el informe Balance Militar Suramericano del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, el gasto militar de América del Sur fue de 39.143 millones de dólares en 2007 y de 51.110 millones en 2008, lo que representa un aumento del 30,2 por ciento.
Si bien Perú no ha logrado un lenguaje tan directo como hubiera deseado, sí ha conseguido sus objetivos principales. Pero también el resto de países ha conseguido reivindicar sus principios y derechos.
Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia y Ecuador no han logrado incluir un párrafo en el que se reafirma que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de los Estados y en consecuencia la paz y la seguridad en la región.
Éste apartado es una clara referencia al acuerdo que el año pasado alcanzó Estados Unidos con Colombia para usar hasta siete bases militares de ese país, lo que generó tensiones con la región.
Un total de doce países, entre ellos EE.UU., rechazaron incluirlo.
En su lugar, Caracas logró introducir el artículo 19 de la Carta de la OEA que establece que "ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente (...) en los asuntos internos o externos de cualquier otro".
Esto, añade el mencionado artículo, "excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen".
Al final, los Estados miembros reafirman en el proyecto de declaración que tienen el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas.
Pero refrendan el compromiso de continuar realizando esfuerzos para limitar los gastos militares, manteniendo una capacidad que corresponda a sus legítimas necesidades y promoviendo la transparencia en la compra de armamentos.
También se muestran conscientes de la importancia de fomentar condiciones que permitan limitar el uso para fines militares de recursos que podrían destinarse al desarrollo.
En este sentido, declaran su firme compromiso de promover la transparencia en la adquisición de armamentos.
Igualmente, subrayan la importancia de seguir promoviendo un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción masiva para dedicar un mayor número de recursos a su desarrollo económico y social.
Eso sí, siempre teniendo en cuenta sus legítimas necesidades de defensa y seguridad y los compromisos internacionales.
