La Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometió este martes a "continuar sus esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana" en el continente, para lo que ordenó diseñar un "plan de acción" que será presentado en la Asamblea General que celebrará en Bolivia en junio de 2012.
Ese fue el resultado "muy satisfactorio" de la 41 Asamblea General clausurada este martes en El Salvador tras dos días de "minuciosas deliberaciones", según señalaron el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
"Hemos aprobado un enfoque integral que aborda el problema de la inseguridad" y "logrado el compromiso" de ofrecer una respuesta coordinada, en base a la cooperación, a un problema que es "trasnacional", dijo Martínez en una rueda de prensa tras la clausura de reunión de alto nivel.
Añadió que la Declaración de San Salvador, aprobada por aclamación por los 22 cancilleres y demás representantes de los 34 miembros activos de la OEA, incluye "puntos básicos" del plan de acción para la seguridad ciudadana propuesto por su país, sin que precisara cuáles.
El plan que había propuesto El Salvador constaba de cinco puntos, entre ellos coordinación, prevención, rehabilitación a víctimas y legislación.
Insulza señaló, a su vez, que la complejidad del problema de la violencia y el crimen impide poner plazos para ver los resultados efectivos de un plan regional contra esos flagelos, porque, dijo, "la composición de la criminalidad es distinta".
"No podemos decir que están todos los países en la misma situación. Hay un grupo de países que tienen más dificultades que otros, pero eso no significa que en otros países no haya crímenes ni delitos", dijo Insulza.
El secretario general se mostró, sin embargo, confiado en la capacidad de los naciones del continente para alcanzar consensos que permitan avanzar hacia ese objetivo.
El llamado "Plan de Acción Hemisférico", que deberá diseñar el Consejo Permanente de la OEA, tendrá que recoger el mandato de que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas que aborden el tratamiento de las causas que generan el crimen y la violencia.
Ese plan debe atacar desde una óptica democrática y respetuosa de los derechos humanos el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas y los delitos cibernéticos.
Todos esos problemas "pueden afectar, en algunos casos, al desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e institucional", señalaron los cancilleres en la Declaración de San Salvador.
El documento, de cinco páginas, también recalca la "importancia" de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública, y la colaboración para mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos.
La 41 Asamblea solicitó a la Secretaría General que proporcione la financiación "adecuada" para la elaboración del plan de acción, y que informe en el próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre las gestiones realizadas.
Las deliberaciones de la 41 Asamblea transcurrieron, a diferencia de otras ediciones, sin mayores controversias, según indicó el secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela.
La reincorporación de Honduras, que por primera vez participaba en una Asamblea después de casi dos años de aislamiento a raíz del golpe de Estado de junio de 2009, también acaparó la atención de los cancilleres, que saludaron la presencia del canciller hondureño, Mario Canahuati.
El propio presidente hondureño, Porfirio Lobo, se desplazó hasta San Salvador para agradecer en persona a los cancilleres por haber aprobado la vuelta del país, y expresar el deseo de fortalecer la relación "entre todos".
