El Consejo Permanente de la OEA eligió hoy a la salvadoreña María Silvia Guillén como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de 2010, en sustitución de Florentín Meléndez, de la misma nacionalidad.
En una sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente se decantó con 19 votos a favor de la candidata de El salvador, que se impuso así al candidato de Guatemala, el relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, que consiguió cinco votos.
Guillén sustituirá a partir del 1 de enero de 2010 a Meléndez, quien presentó recientemente su renuncia como comisionado de la CIDH, organismo autónomo de la OEA, al haber sido elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde es primer vocal de la Sala de lo Constitucional.
En su carta de renuncia, el salvadoreño alegó que no puede desarrollar apropiadamente las dos funciones porque ambas son muy demandantes en tiempo y dedicación, según fuentes de la CIDH.
Meléndez, miembro de la CIDH desde 2004, fue reelegido por la Asamblea General de la OEA para el período 2008-2011 y fue presidente de la Comisión de 2007 a 2008.
Es relator para las personas privadas de libertad y relator para los derechos humanos en México, República Dominicana y Uruguay.
Con anterioridad tenía bajo su responsabilidad Argentina, Cuba y Bolivia, y se encargaba de los derechos de los migrantes.
Guillén, por su parte, es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador.
Es directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador (Fespad), organización de derechos humanos fundada en 1988 y de la cual se encarga desde 1999.
También es magistrada suplente de la Corte Centroamericana de Justicia, organismo regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) e integrante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador.
Dicha comisión reivindica los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno salvadoreño.
Forma además parte de la Coalición Salvadoreña por la Corte Penal Internacional (CSCPI), actividad de particular relevancia en El Salvador, cuya adhesión al Estatuto de Roma aún no se ha producido.
Este año fue nombrada miembro del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, entidad responsable de la formación policial en El Salvador, cargo de naturaleza académica al que fue invitada por su liderazgo en la sociedad civil.
