Las políticas públicas para el combate de la pobreza en Venezuela sufrieron "un estancamiento e incluso un retroceso" en los últimos dos años, denunció hoy la Organización No Gubernamental (ONG) de derechos humanos Provea.
"Reconocemos el importante descanso de la pobreza durante la década de (el presidente venezolano Hugo) Chávez, pero se están dando indicios de que ésta pueda aumentar en los próximos años ", apuntó hoy el director de Provea, Marino Alvarado.
Entre octubre de 2007 y septiembre de 2009 se ha reducido en un 1,5 por ciento la cifra de pobreza frente al "descenso significativo" experimentado por el indicador en años anteriores, afirmó Alvarado durante la presentación a la prensa del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Chávez ha situado desde el principio de su gestión a la lucha contra la pobreza como una de sus prioridades y, según datos oficiales, ésta se ha reducido en un 37 por ciento en la década de su Gobierno, lo que Provea destacó como "el mayor avance" del Ejecutivo.
Sin embargo, Alvarado resaltó que "preocupa especialmente que en aquello que se avanzó pareciera que se está empezando a retroceder".
"Se pudiera haber avanzado mucho más en materia de derechos humanos, civiles y políticos en estos años pero ha faltado voluntad política para resolverlos", añadió el director de Provea.
En este sentido se ha producido un "estancamiento" de las principales políticas públicas, entre las que destacó el "retroceso en la inversión pública" en materia de salud, "una de las grandes conquistas de este Gobierno", ya que ha provocado "una crisis de salud a nivel estructural".
El coordinador del informe anual de Provea, Rafael Uzcátegui, añadió que aunque la Constitución Bolivariana de 1999 se presenta como un marco de avanzada en derechos humanos, no se han desarrollado en la "realidad" los principios que establece en esa materia.
Además, en el lapso estudiado 14.467 personas fueron asesinadas, los secuestros se incrementaron en un 41,5 por ciento y 173 reclusos murieron de forma violenta en distintos centros penitenciarios del país, lo que los convierte en los más inseguros del continente.
Según todos los sondeos, la inseguridad personal es la materia que más preocupa a los habitantes de Venezuela, donde se registra una media de 10.000 muertes violentas al año, según un informe policial filtrado a la prensa en 2008.
Alvarado pidió al Ejecutivo "revisar, reformar y depurar" a la policía científica (CICPC) ya que este cuerpo es, a su juicio, "el que más aplica la tortura", que según el estudio de Provea, cobró la vida de "seis personas" en el período estudiado.
La policía científica además es el mayor implicado en los asesinatos a manos de funcionarios policiales, que ascienden a 205 personas, según Alvarado.
El ministro venezolano del Interior, Tarek El Aissami, dijo el pasado domingo que entre el "15 y 20 por ciento" de los crímenes más violentos en el país los cometen agentes de las distintas policías.
En materia de libertad de expresión, la ONG señaló que aunque ese derecho "existe" en Venezuela, ha representado "un salto atrás" la no renovación de la licencia de emisión en abierto a la privada RCTV en 2007, y el cierre este año de 34 emisoras de radio por "irregularidades" en sus licencias.
Provea alabó la nueva Ley Orgánica de Educación que, a pesar de ser aprobada "en un contexto irregular" en 2008, posee "una adecuada perspectiva con los derechos humanos" debido a su "proceso inclusivo" y al "descenso del abandono escolar".
