Los organismos del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron hoy la muerte de Edwin Legarda, esposo de una líder indígena del departamento colombiano del Cauca, quien murió el pasado lunes en un confuso incidente con militares y fue sepultado hoy.
Las dependencias de la ONU con sede en Bogotá expresaron en un comunicado su preocupación por la muerte de Legarda, indígena coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Aída Quilcué.
Recordaron que esta líder aborigen acababa de regresar de Ginebra donde denunció los problemas que sufren los pueblos indígenas colombianos.
Legarda murió luego de que tropas de un batallón de la III División del Ejército colombiano dispararon a su automóvil en una carretera cercana a Inzá y Totoró (Cauca, 600 kilómetros al suroeste de Bogotá), según confirmó el Ministerio de Defensa.
La ONU señaló que, aunque no hay "suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos", varios testigos aseguraron que "no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
"Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control", añadieron los despachos de la ONU.
El organismo confió en que "las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables".
Asimismo, exhortó a los responsables gubernamentales a "implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país" y expresó su solidaridad con la familia y la comunidad de Edwin Legarda.
Entretanto, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reiteró hoy que se ha solicitado una investigación de los hechos a la Fiscalía General de Nación y la Procuraduría.
Agregó que de inmediato contactó a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos "con el fin de garantizar el acceso necesario para que realice una investigación" y "esta Oficina ya envió una comisión al área".
El Ministerio anunció que "mantendrá informada a la opinión pública" y subrayó su "política de transparencia" alrededor de las operaciones militares.
