El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Suramérica, el italiano Amerigo Incalcaterra, manifestó hoy que Uruguay es uno de los países de la región en donde más se ha avanzado en la materia y su cumplimiento es más completo.
Incalcaterra se expresó así en Montevideo, en donde visitó al presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico, con quien dialogó sobre la cooperación en materia de Derechos Humanos entre la ONU y Uruguay.
A la salida del encuentro, Incalcaterra declaró ante la prensa su visión sobre la situación y el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país suramericano y resaltó que gracias al abordaje "institucional" de la materia, en Uruguay "se avanzó mucho" y de forma "importante" en su desarrollo.
Incalcaterra se refirió así tanto a la asunción de responsabilidad asumida por el Estado uruguayo el pasado día 15 de marzo por los crímenes cometidos por la dictadura (1973-1985) como a las medidas tomadas por el Gobierno para resolver la situación de las cárceles del país, que la ONU consideró en 2009 como un lugar donde las condiciones eran tales que podrían considerarse "una violación a los derechos humanos".
Incalcaterra manifestó que Uruguay destaca además en el contexto de la región en el cumplimiento de los "derechos económicos, sociales y culturales" y en la seguridad ciudadana, los dos grandes desafíos de los derechos humanos en el continente.
"El gran reto en la región es el cumplimiento de los derechos económicos, que la gente se vea beneficiada del crecimiento que se ha dado en la región. Esta es una de las regiones más desiguales del mundo y este no es el caso de Uruguay, que tiene una distribución más acorde con ciertos estándares internacionales", indicó.
Asimismo, Incalcaterra se refirió a la seguridad ciudadana como un problema "que afecta a todos" y que hay que mirar con "preocupación".
Sin embargo, en Uruguay este problema "está en un rango en la región mejor que otros países" si se aplica el criterio de las Naciones Unidas en cuanto a número de asesinatos por habitante.
En este sentido, Incalcaterra consideró que la postura del Gobierno en este campo está "dando ciertos resultados" y está la "voluntad de superar" el problema, si bien indicó que estos son conflictos "que llevan más tiempo y que no son solo asuntos de seguridad pública, sino respuestas integrales que deben dar el Estado, y van relacionados con la educación".
Además, el funcionario de la ONU destacó la intención del Gobierno de resolver el problema carcelario, donde el hacinamiento y las malas condiciones de los internos son fuente de numerosos conflictos, y resaltó el convencimiento que existe "de que la situación no puede seguir así".
"Hay una política impulsada por la actual administración que es positiva y que enfrenta dificultades porque no es fácil hacer cambios. Se necesitan reformas del código penal y procesal y construir. Y se necesita un cambio de la mentalidad de los agentes penitenciarios, para que tiendan a rehabilitar y no tanto a mantener la situación actual o ser solo bodegueros de personas", dijo.
