La mayoría de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el golpe de Estado de junio del 2009 en Honduras siguen aún impunes, según denuncia en un informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"El golpe de Estado dio lugar a diversas violaciones de los derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y permitieron la restricción arbitraria de derechos fundamentales", señala el texto.
El informe es una compilación de documentos aportados por los diferentes organismos de derechos humanos de la ONU preparado especialmente para ser presentado durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras, que tendrá lugar mañana en el seno del Consejo de Derechos Humanos.
El EPU es una evaluación del estado de los derechos humanos al que están sometidos todos los miembros de Naciones Unidas.
El informe señala "que las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza, las torturas y los malos tratos, y se transformaron en detenciones arbitrarias e ilegales".
El texto reconoce que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció en marzo de este año la creación de "varios comisionados presidenciales" encargados de tratar los problemas de derechos humanos, pero lamenta que, hasta ahora, "no se ha precisado ni el fundamento jurídico, ni las funciones y facultades, ni la dotación presupuestaria".
Además de profundizar sobre las violaciones cometidas durante el golpe y la impunidad en la que estas se mantienen, el informe abarca un gran abanico de actuaciones, procesos y situaciones que violan la ley humanitaria internacional.
Entre ellas, el Comité contra la Tortura lamenta "la política social represiva utilizada en la lucha contra las asociaciones ilícitas (maras o pandillas) que no tiene suficientemente en cuenta las causas profundas del fenómeno y puede criminalizar a los niños y jóvenes debido únicamente a su apariencia".
En un sentido parecido, el Comité de los Derechos del Niño mostró su preocupación por "la discriminación y estigmatización de que todavía son objeto los niños indígenas, los niños de la calle, los que viven en zonas rurales y los que tienen aspecto diferente".
Asimismo, el texto denuncia que tras el gran número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales de niños "se han realizado muy pocas investigaciones o juicios" relaciones con este tema.
Por otra parte, el informe denuncia que las desapariciones forzadas o involuntarias no están tipificadas en el Código Penal como un delito en sí mismas.
Con respecto a la Policía, el Comité contra la Tortura muestra "su profunda preocupación por los informes de frecuentes malos tratos, torturas y uso excesivo de la fuerza durante las detenciones; de actos de extorsión cometidos por agentes del orden; y por el persistentemente elevado número de personas, tanto adultos como niños, que cumplen prisión preventiva durante periodos prolongados".
Precisamente, otra de las denuncias del informe es el hecho de que en los lugares de detención no se separe a las personas acusadas de las condenadas, ni a las mujeres de los hombres, ni a los niños de los adultos.
Finalmente, el informe lamenta la discriminación persistente de la que son víctimas las mujeres y los elevadísimos niveles de maltrato y violencia sexual a los que son sometidas, que lleva a que haya un alto número de embarazos en adolescentes.
"Preocupa que el aborto esté tipificado como delito en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo amenaza la vida o la salud de la madre o es consecuencia de violación o incesto", señala.
