La Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos celebró hoy el rescate de cuatro miembros de la Fuerza Pública en una operación del Ejército en selvas del sur del país y remarcó que, hasta donde se sabe, se respetó el derecho internacional humanitario (DIH).
"Quiero subrayar además nuestro reconocimiento a las Fuerzas Militares porque, hasta donde nosotros sabemos, se respetó el Derecho Internacional Humanitario durante el rescate", dijo en un comunicado Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Salazar extendió, además, la solidaridad de esa agencia en Colombia "con las familias de los que aún quedan secuestrados".
"Nos unimos a la alegría nacional y a la felicidad de los cuatro liberados y de sus familias", indicó también el diplomático.
El Ejército colombiano rescató el domingo en selvas del departamento del Guaviare, al general Luis Mendieta Ovalle y a los coroneles Enrique Murillo Sánchez y William Donato Gómez, de la Policía, así como al sargento del Ejército, Arbey Delgado Argote.
Los cuatro permanecieron en cautiverio en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde finales de 1998.
La misma Oficina insistió en que "el respeto por la ley, especialmente de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, es el marco necesario y propicio para la conducción legítima de operaciones militares".
En ese sentido llamó "a todas las partes involucradas a poner en primer lugar el interés de todas las personas que se encuentran en cautiverio".
Asimismo, reiteró "su exigencia a las FARC para que libere, de manera inmediata y sin condiciones, a todos los integrantes de la Fuerza Pública que desde hace varios años siguen retenidos en condiciones indignas, así como a todas las demás personas secuestradas".
Recordó igualmente, que la toma de rehenes, "en particular cuando se comete como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de otros delitos, es un crimen de guerra que conlleva la responsabilidad penal internacional".
La ONU en Bogotá advirtió que "la privación de la libertad sistemática, generalizada y prolongada de miembros de la Fuerza Pública y civiles sometidos a tratos inhumanos o degradantes podrían llegar a constituir un crimen de lesa humanidad".
