La ONU felicitó hoy la decisión del Ministerio Público de Brasil de intentar abrir un proceso contra un coronel al que se responsabiliza de la desaparición de 5 personas durante la dictadura militar (1964-85) y lo consideró un paso inicial, pero crucial, contra la impunidad que rodea ese periodo.
"Lo vemos como un primer y crucial paso en la lucha contra la impunidad que ha rodeado el periodo del gobierno militar en Brasil", declaró hoy en Ginebra el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.
La denuncia del Ministerio Público no tiene precedentes por tratarse de un crimen cometido por un responsable militar durante la dictadura, quienes se beneficiaron de una amplia ley de amnistía vigente desde 1979.
El caso implica al coronel retirado Sebastiao Curió, al que se acusa de la desaparición en 1974 de cinco militantes de la guerrilla del Araguaia, un movimiento armado vinculado al entonces proscrito Partido Comunista de Brasil.
"Este es un paso muy esperado hacia la rendición de cuentas por la desaparición de cientos de personas durante los 21 años de dictadura y que siguen sin ser castigados", explicó Colville.
Insistió en la importancia de este caso por tratarse de la primera vez que se intenta juzgar en Brasil violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
"Intentos previos quedaron bloqueados por interpretaciones divergentes de la ley de amnistía", recordó el portavoz.
Para que Curió sea llevado a los tribunales, los cargos comunicados por los fiscales deberán ser validados por un juez.
A ese respecto, dijo que su organismo espera que "la Justicia (brasileña) apoye los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad y a la justicia, permitiendo que este proceso tan importante avance".
Según Colville, los fiscales brasileños han argumentado que las desapariciones no están cubiertas por la ley de amnistía en vista de que los cuerpos nunca fueron encontrados, "lo que las convierte en violaciones persistentes, que no han terminado, por decirlo de alguna manera, en el marco de la justicia internacional".
Comentó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido anteriormente que "la amnistía para crímenes internacionales, torturas, ejecuciones sumarias, crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio no debe existir y que los responsables deben ser juzgados".
De manera más general, se mostró complacido por la "tendencia muy positiva" en América Latina a juzgar los crímenes contra la humanidad perpetrados durante los régimen militares.
En declaraciones a Efe sobre este tema, el jurista argentino y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, coincidió en que "las leyes de amnistía no pueden excluir los derechos a la justicia, la verdad o las reparaciones en los distintos países".
"En el caso de Brasil, apoyamos este avance. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que la ley de amnistía de 1979 es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, de modo que no es sólo algo que señale el Grupo de Trabajo".
