El responsable de la lucha antiterrorista en la ONU, Jean Paul Laborde, lamentó hoy la lentitud con que sus estados miembros han implementado la Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU adoptada hace cuatro años.
"El ritmo de implementación no es el que deseamos", admitió en una conferencia de prensa Laborde, quien el miércoles se reunirá con representantes de la Asamblea General de Naciones Unidas para analizar la labor en materia antiterrorista del organismo.
Asimismo, adelantó que en esa reunión a puerta cerrada pedirá a los 192 estados miembros de la ONU que "redoblen" los esfuerzos para implementar en su totalidad la estrategia antiterrorista, incluidos los apartados dedicados a los derechos humanos y las llamadas "políticas suaves".
"Sabemos que las medidas de fuerza por sí solas, y subrayo lo de por sí solas, son insuficientes", resaltó el diplomático, quien también señaló que uno de los asuntos que se debatirán en la reunión será el polémico pago de rescates a organizaciones terroristas.
Sin hacer referencia a ningún caso en concreto, Laborde recordó que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU establece que el pago de rescates puede constituir en alguna ocasión un delito de financiación del terrorismo.
"Es algo que se debe tener en cuenta", indicó el experto, para el que es "muy complicado" encontrar el equilibrio justo en este tipo de situaciones entre las necesidades humanitarias y las de la lucha contra el terrorismo.
"Al fin y al cabo estamos hablando de vidas de seres humanos", recordó.
La Estrategia Global adoptada en septiembre de 2006 por la Asamblea General es el primer plan estratégico de la ONU contra el terrorismo con el fin de armonizar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo en el mundo y asistir a sus víctimas.
Entre otras medidas establece la creación de una base de datos sobre actos criminales en el campo de la biotecnología, así como medidas específicas para controlar el uso de internet por parte de los terroristas.
Además, se estipula que los Gobiernos garanticen que no se concede asilo a personas vinculadas con organizaciones terroristas y aumenten el control fronterizo para evitar el tránsito de sospechosos terroristas, armas y otros materiales susceptibles de ser usados en atentados.
