Dirigentes opositores del departamento boliviano de Santa Cruz acusaron hoy al Gobierno de Evo Morales de pagar un supuesto soborno al testigo clave de un caso de terrorismo con el propósito de involucrar en el mismo a líderes de esa región.
Las reacciones se producen tras la difusión de un vídeo en el que una persona identificada por los medios como el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno (Interior) Carlos Núñez del Prado paga 31.500 dólares al testigo Ignacio Villa y le pide huir a Argentina.
Durante las investigaciones, las declaraciones de Villa permitieron acusar a dirigentes empresariales y políticos de Santa Cruz de su supuesta implicación el caso de terrorismo, aunque el Gobierno intentó hoy minimizar la importancia de su participación.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, afirmó hoy que el vídeo supuestamente prueba que la trama de la banda terrorista que pretendía asesinar a Morales y dividir esa región de Bolivia, fue en realidad un plan contra los dirigentes cruceños.
"Nunca hubo terrorismo, alzamiento armado, magnicidio, separatismo", sino que fue un "complot armado para destruir a la dirigencia autonomista", dijo el dirigente, según un comunicado de su institución.
El caso data de abril de 2009 en Santa Cruz, cuando la Policía abatió a tres presuntos mercenarios, entre ellos el líder húngaro croata boliviano Eduardo Rozsa, y detuvo a otros dos.
El grupo, según las autoridades, estaba financiado por la oposición para asesinar a Morales y formar milicias de defensa civil para declarar la independencia cruceña.
El mes pasado, la Fiscalía acusó formalmente a 39 personas de estar vinculadas con este caso, entre ellas, el empresario opositor y ex presidente del Comité Cívico cruceño Branco Marinkovic, y Pablo Costas, hermano del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
El senador opositor Germán Antelo de la conservadora Convergencia Nacional-Plan Progreso Bolivia, dijo hoy a Efe que el vídeo confirma "que hubo una manipulación de parte del Gobierno".
"Este vídeo demuestra de manera evidente que hubo un soborno al principal testigo y aparentemente hay dos ex funcionarios del Gobierno comprometidos con la entrega del dinero", sostuvo Antelo.
Agregó que la oposición pedirá en el Parlamento información al Gobierno sobre la situación de los supuestos empleados estatales implicados en el soborno, entre ellos de Núñez del Prado que trabajó hasta la semana pasada como asesor de la Defensoría del Pueblo.
De su parte, el dirigente opositor Juan Del Granado, ex aliado de Morales, afirmó que el vídeo muestra que se "manipula la justicia, instrumentando testigos" causando "un enorme daño" al país.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo hoy a radio Erbol que aguarda el resultado de una investigación de la Fiscalía sobre la veracidad del vídeo para pronunciarse sobre el supuesto soborno.
A su juicio, es posible que se trate de un "ataque" contra la investigación misma de este caso que está pendiente de un juicio.
