La opositora Coalición Cívica presentó hoy "un paquete" de proyectos de ley para reemplazar más de 300 facultades delegadas al Gobierno argentino que vencerán este martes, lo que puede "complicar" la gestión de Cristina Fernández, según admiten en el oficialismo.
El Gobierno de Cristina Fernández perderá independencia para la fijación de impuestos a la exportación de granos y carnes, lo que habilitó una ofensiva del sector agropecuario para reclamar una reducción tributaria.
"No se prorrogan facultades (por parte del Parlamento). Presentaremos distintos proyectos de leyes a los efectos de que el Congreso recupere estas facultades", anticipó la diputada Alicia Terada, de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió.
"Mañana felizmente para la historia de la Nación caducan estas facultades delegadas", destacó hoy Carrió en una rueda de prensa.
La aplicación de las llamadas facultades delegadas, un conjunto de más de 300 normas impuestas por el Poder Ejecutivo sin la aprobación legislativa previa, fueron prorrogadas en 2009 por el Parlamento por un plazo de un año que vencerá este martes y la oposición se opone a renovarlo.
"No es un escenario de catástrofe, pero sí nos va a significar una complicación desde el punto de vista de la gestión", consideró el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi.
Fuentes partidarias señalaron que Rossi intentó semanas atrás activar las negociaciones con los partidos enfrentados al Gobierno para prorrogar nuevamente las facultades, pero la oposición, que el año pasado ganó peso en el Parlamento como resultado de las elecciones legislativas, rechazó esa posibilidad.
A partir de este martes, el Gobierno deberá lograr el acuerdo de las dos cámaras antes de resolver cuestiones en torno a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central, el Procedimiento Tributario y al Código Aduanero, que incluye las retenciones a la exportación, entre otros asuntos.
De ahora en más, "ante cada situación se verá si el Ejecutivo quiere reclamar o necesita del Congreso que una determinada facultad le sea delegada por un lapso de tiempo", indicó Rossi.
Fuentes oficiales dijeron a medios locales, sin embargo, que el Ejecutivo planea echar mano a los decretos de necesidad y urgencia y a las herramientas que otorga la Ley de Emergencia Económica para mantener sus potestades sin necesidad de contar con el visto bueno del Congreso.
El presidente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, explicó que caducarán las delegaciones legislativas, pero no se derogarán "los reglamentos consecuentes de tal delegación".
"De aquí en adelante, el Gobierno tendrá dos caminos: presentar lotes de leyes o enviar una por una para su estudio en particular. La garantía que da la UCR, de manera absoluta, es la de favorecer la gobernabilidad", prometió Sanz.
En tanto, la opositora Generación para un Encuentro Nacional (GEN) presentó un proyecto de ley para prorrogar por un año diez leyes que consideran que le permitirán al Gobierno "ejercer sus funciones evitando toda posibilidad de colapso funcional", señala la propuesta.
La iniciativa busca que durante ese año de prórroga se discutan nuevas leyes en estos temas, entre ellos, la fijación de impuestos a la exportación de granos.
La intención del Gobierno de incrementar en 2008 las retenciones desató un duro conflicto con el campo, que logró el rechazo del Senado a la medida con el voto decisivo del vicepresidente argentino, Julio Cobos, enfrentado desde entonces a Fernández.
