Legisladores opositores avanzaron en su estrategia para reducir los derechos a la exportación de granos al vencer hoy más de 300 facultades parlamentarias delegadas en el Gobierno, entre ellas, la fijación de tasas aduaneras.
Tras más de cuatro horas de debate, los diputados y senadores aprobaron hoy en comisiones un dictamen de mayoría del proyecto del diputado radical Ricardo Buryaile que plantea la bajada progresiva de los derechos a las exportaciones de granos (retenciones), apoyado por las principales fuerzas de la oposición.
De esta manera, los legisladores habilitaron el debate del proyecto en el Parlamento, a tono con el reclamo de las patronales agropecuarias.
Las propuestas para bajar los derechos de exportación de granos y carne vacuna han generado divisiones en la llamada Mesa de Enlace, que reúne a las cuatro principales asociaciones del sector agropecuario.
Mientras la Federación Agraria Argentina (FAA) reclama que la reducción se aplique en forma segmentada en beneficio de los pequeños productores, la Sociedad Rural Argentina (SRA) pide que la baja sea similar para todo el sector.
"En tanto no se apoye contundentemente la segmentación, no tenga ninguna duda de que hay quiebre de la Mesa de Enlace", señaló este lunes el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, en declaraciones calificadas como una "presión" por parte del presidente de la SRA, Hugo Biolcati.
La intención del Gobierno de incrementar en 2008 los impuestos a la exportación desató un duro conflicto con el campo, que logró el rechazo del Senado a la medida con el voto decisivo del vicepresidente argentino, Julio Cobos, enfrentado desde entonces con la presidenta, Cristina Fernández.
Tanto las patronales agrarias como sectores de la oposición apuntan ahora a modificar las tasas del sector dado que vencen hoy las denominadas facultades delegadas al Gobierno, que incluyen la fijación de los derechos de exportación.
"Hace falta que el Congreso haga un esfuerzo mayor para dejar las retenciones en el marco de racionalidad que nos están pidiendo los productores agropecuarios", planteó hoy la diputada del peronismo disidente Graciela Camaño.
La aplicación de las llamadas facultades delegadas, un conjunto de más de 300 normas impuestas por el Poder Ejecutivo sin la aprobación legislativa previa, fueron prorrogadas en 2009 por el Parlamento por un plazo de un año que vence este martes y la oposición se opone a renovarlo.
De esta manera, el Gobierno deberá lograr el acuerdo de las dos cámaras antes de resolver cuestiones en torno a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central, el Procedimiento Tributario y al Código Aduanero, entre otros asuntos.
"Las leyes siguen vigentes. Toda norma surgida al amparo de esta legislación se mantiene vigente. Lo que no podrá hacer el Poder Ejecutivo es modificarlas", sostuvo el diputado de Solidaridad e Igualdad (centroizquierda) Eduardo Macaluse.
En tanto, la diputada de la opositora Coalición Cívica Elisa Carrió presentó hoy una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina para que se pronuncie sobre las resoluciones que fueron dictadas por el Ejecutivo de la mano de las facultades delegadas.
"Algunos creemos que caducan las facultades y las normas que se dictaron, otros creen que las normas continúan vigentes. Vamos a la Corte para que en dos o tres meses defina la cuestión", explicó Carrió.
