La oposición boliviana y los empresarios privados del país rechazaron hoy el decreto aprobado por el Gobierno de Evo Morales que permite confiscar los bienes de los implicados en casos de terrorismo.
El líder del conservador Poder Democrático y Social (Podemos) y ex presidente de Bolivia (2001-2002), Jorge Quiroga, declaró a los medios que la norma es "en realidad un decreto del cinismo" que busca "generar psicosis electoral y amordazar a la prensa".
Quiroga rechazó el decreto con el que Morales pretende incautar el patrimonio de los implicados directa o indirectamente en casos de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la unidad del país.
El decreto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros en su habitual reunión de los miércoles, señala que todas las actividades que atenten contra la unidad y la integridad de Bolivia deben ser condenadas con máximas sanciones como una traición a la patria.
El ex mandatario aseguró que el decreto "fue gestado por políticos con gravísimos antecedentes de terrorismo" y denunció que el entorno presidencial es un "frondoso prontuario de antecedentes de encubrimiento y apoyo a terroristas".
Recordó que el vicepresidente Álvaro García Linera fue encarcelado en la década de los noventa del siglo pasado por haber estado relacionado con un grupo guerrillero y lo acusó de "haber obtenido su libertad con chicanas y retardación de justicia".
García Linera incurre en "cinismo al mostrarse como paladín de la lucha contra el terrorismo", aseveró Quiroga.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Gabriel Dabdoub, aseguró en conferencia de prensa que el decreto "tiene un alto contenido político que no busca la unidad del país".
Por ello, Dabdoub propuso una ley "que establezca en qué situaciones el Estado podrá confiscar bienes privados, que sea el resultado de una discusión de ideas y no de la imposición de ningún sector".
Señaló también que no defenderá la acciones delictivas de ningún tipo, pero que sí "exigirán" que se aplique y respete la ley para sancionar o juzgar a los empresarios que pudieran estar vinculados con el terrorismo en Bolivia.
El pasado 16 de abril, la Policía boliviana desarticuló una banda terrorista internacional a cuyos integrantes se acusa de intentar organizar milicias para respaldar la separación de la región oriental de Santa Cruz, feudo de la oposición autonomista.
La Fiscalía ha señalado que existen indicios de que empresarios y autoridades políticas opositoras de la región de Santa Cruz han colaborado con ese grupo irregular por la disputa que tienen contra el Gobierno.
