La oposición en Argentina logró hoy habilitar en el Parlamento el debate de un proyecto de ley para aumentar en forma sustancial las jubilaciones, iniciativa que el Gobierno rechaza por entender que llevará a las cuentas públicas a un punto de quebranto.
La mandataria argentina, Cristina Fernández, dijo hoy en un acto público que si iniciativas de este tipo son aprobadas en el Congreso, "en tres meses" su país entraría en cese de pagos.
Con quórum propio en la Cámara de Diputados, la oposición logró hoy instalar una sesión para debatir la iniciativa, discusión que promete extenderse por varias horas.
Si la ley es aprobada en la cámara baja, será girada para su debate en el Senado, donde opositores y oficialistas están casi en paridad de fuerzas.
La oposición pretende sacar adelante un proyecto para hacer efectivas jubilaciones que representen el 82%% de los salarios que cobran las personas en actividad laboral y con un criterio de movilidad, esto es, que las pensiones se ajusten al alza cuando los trabajadores logran aumentos salariales.
Para el caso de las jubilaciones mínimas, la iniciativa de la oposición supone elevarlas de los actuales 895 pesos (228 dólares) a 1.427 pesos (381,2 dólares) mensuales, con un costo para el Estado calculado por la oposición en 18.900 millones de pesos (4.785 millones de dólares) anuales y el oficialismo en 40.000 millones de pesos (10.126 millones de dólares).
Tanto el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, como el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio, han advertido que, de aprobarse la iniciativa de la oposición, Argentina, que en estos últimos años ha conseguido un inédito superávit fiscal, puede pasar a tener un déficit en sus cuentas públicas de hasta un 8% del producto interno bruto (PIB).
En declaraciones a la prensa, Boudou reiteró hoy que "no están los recursos para un aumento" como el que se debate en el Congreso.
"Nos están trampeando cuando nos dicen que no es sustentable en el tiempo, cuando en verdad lo que no es sustentable es el sistema tal cual funciona hoy. El 52% de quienes están en edad de trabajar no aportan en Argentina y estamos creando una bomba previsional si no discutimos una reforma integral ", dijo por su parte Claudio Lozano, diputado de Proyecto Sur (izquierda).
Desde la oposición aseguran que los aumentos en las jubilaciones se pueden solventar con recortes en otras partidas del Presupuesto, como controvertidos subsidios a diversos sectores, o con un aumento de los aportes patronales a la seguridad social.
Además, alegan que la Corte Suprema ha ordenado al Estado cumplir con la manda constitucional que garantiza la movilidad de las jubilaciones.
A partir de ese fallo del Supremo, el Gobierno argentino impulsó y logró la aprobación de una ley por la que las jubilaciones mínimas se actualizan dos veces al año, de acuerdo con el cuestionado índice de inflación oficial.
Sin embargo, para miles de retirados este sistema de actualización es insuficiente, ya que lo que cobran está lejos de representar el 82% de los salarios que percibían cuando estaban en actividad.
De hecho, las estadísticas del fuero judicial de la Seguridad Social indican que ingresan en los tribunales de primera instancia 10.000 nuevas causas por mes, el 80% de ellas por demandas al Estado de reajustes en las jubilaciones.
Sólo entre febrero y junio pasado ingresaron 47.146 demandas.
Argentina aprobó en 1958 una ley que estableció que el haber de la jubilación debía ser equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del trabajador de la misma rama de actividad del retirado, pero ese régimen estuvo vigente sólo cinco años.
La movilidad de las jubilaciones es un principio consagrado en la Constitución de Argentina.
