La oposición parlamentaria nicaragüense iniciará esta semana, pese al rechazo de los oficialistas, consultas a constitucionalistas sobre la ley que pretende derogar un polémico decreto del presidente Daniel Ortega que prorroga el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado.
En declaraciones publicadas hoy por El Nuevo Diario de Managua, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el liberal José Pallais, hizo este anuncio a pesar de que el presidente del legislativo, el sandinista René Núñez, negó validez a la sesión plenaria en que se acordó pasar a comisión el decreto de Ortega.
El polémico decreto, emitido en enero pasado y que ha generado una crisis en el país, prorroga el mandato de varios cargos de diferentes poderes del Estado a los que ya se les venció o está por vencerse el período de cinco años para los que fueron nombrados, una facultad que corresponde al Legislativo.
Pese a la insistencia de Núñez en el sentido de que la plenaria del martes pasado celebrada por la oposición en un hotel no tiene validez jurídica y que este asunto se discutirá próximamente en junta directiva parlamentaria, Pallais dijo que invitará a expertos constitucionalistas para que den sus opiniones y elaborar el dictamen a más tardar en dos semanas.
Reconoció que el sandinismo tratará por las vías de hecho o legales detener estas consultas, para que la iniciativa que se propone anular el decreto de Ortega no llegue a junta directiva ni al plenario del Congreso.
"Los diputados de las bancadas democráticas, que somos parte de la comisión que redactará el dictamen, estamos clarísimos de que debemos tener mucha voluntad y de resistir y persistir", dijo Pallais.
Según Pallais, antes de que se cumpla esta meta no se descarta que los líderes políticos del país abran negociaciones para alcanzar un consenso sobre la elección de magistrados y altos cargos gubernamentales que deben de ser relevados.
Recordó que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) está dispuesto a la negociación, pero señaló que los sandinistas no han nombrado a sus interlocutores.
Sobre las consultas anunciadas por Pallais, el coordinador del grupo parlamentario sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, respondió a Efe: "No sé nada de eso todavía".
Y, en cuanto a posibles negociaciones entre el Frente Sandinista y la oposición para nombrar a los altos cargos, el líder parlamentario dijo: "No quisiera reaccionar sobre eso".
Sobre el nombramiento de los altos cargos, la oposición acordó en la plenaria rechazar la reelección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), contrario a lo que quiere Ortega.
Esa sesión la realizaron el martes pasado 47 diputados opositores en un hotel bajo asedio de manifestantes oficialistas, tras no poder ingresar al Parlamento porque se lo impidieron seguidores de Ortega que rodeaban el recinto.
Según diputados opositores, las violentas protestas de los simpatizantes de Ortega se produjeron la semana pasada porque el gobernante sandinista sabía que la oposición contaba con los 47 votos, mínimos para formar quórum, lo que permitía a sus adversarios aprobar el envío a comisión del polémico decreto.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua advirtió el viernes pasado que la crisis que vive el país es superable con un diálogo transparente entre el Gobierno, los partidos y la sociedad civil.
"Lo que sería inaceptable en este momento es intentar resolver esta crisis conspirando a espaldas del pueblo, a través de pactos de cúpulas que buscan sólo sus propios intereses y la repartición de cuotas de poder, o con medios violentos para intimidar y forzar a pactar", enfatizaron los obispos.
